hermanos, al compromiso concreto de asegurar a cada familia su casa, como
ambiente natural que la conserva y la hace crecer. Sobre todo, la familia
cristiana está llamada a escuchar el consejo del Apóstol: «Sed solícitos en la
hospitalidad»​[108]​, y por consiguiente en practicar la acogida del hermano
necesitado, imitando el ejemplo y compartiendo la caridad de Cristo: «El que
diere de beber a uno de estos pequeños sólo un vaso de agua fresca porque es
mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa»​[109]​.
La función social de las familias está llamada a manifestarse también en la forma
de intervención política, es decir, las familias deben ser las primeras en procurar
que las leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que
sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. En
este sentido las familias deben crecer en la conciencia de ser «protagonistas» de
la llamada «política familiar», y asumirse la responsabilidad de transformar la
sociedad; de otro modo las familias serán las primeras víctimas de aquellos
males que se han limitado a observar con indiferencia. La llamada del Concilio
Vaticano II a superar la ética individualista vale también para la familia como
tal​[110]​.
La sociedad al servicio de la familia
45. La conexión íntima entre la familia y la sociedad, de la misma manera que
exige la apertura y la participación de la familia en la sociedad y en su
desarrollo, impone también que la sociedad no deje de cumplir su deber
fundamental de respetar y promover la familia misma.
Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la
defensa y en la promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre.
Pero la sociedad, y más específicamente el Estado, deben reconocer que la
familia es una «sociedad que goza de un derecho propio y primordial»​[111]​ y
por tanto, en sus relaciones con la familia, están gravemente obligados a
atenerse al principio de subsidiaridad.
En virtud de este principio, el Estado no puede ni debe substraer a las familias
aquellas funciones que pueden igualmente realizar bien, por sí solas o asociadas
libremente, sino favorecer positivamente y estimular lo más posible la iniciativa
responsable de las familias. Las autoridades públicas, convencidas de que el bien
de la familia constituye un valor indispensable e irrenunciable de la comunidad
civil, deben hacer cuanto puedan para asegurar a las familias todas aquellas
ayudas —económicas, sociales, educativas, políticas, culturales— que necesitan
para afrontar de modo humano todas sus responsabilidades.
Carta de los derechos de la familia
46. El ideal de una recíproca acción de apoyo y desarrollo entre la familia y la
sociedad choca a menudo, y en medida bastante grave, con la realidad de su
separación e incluso de su contraposición.
En efecto, como el Sínodo ha denunciado continuamente, la situación que
muchas familias encuentran en diversos países es muy problemática, si no
incluso claramente negativa: instituciones y leyes desconocen injustamente los
derechos inviolables de la familia y de la misma persona humana, y la sociedad,
en vez de ponerse al servicio de la familia, la ataca con violencia en sus valores
y en sus exigencias fundamentales. De este modo la familia, que, según los