El 2 de enero, las autoridades llevaron a
cabo 47 ejecuciones, —según informes, 43
mediante decapitación y 4 por fusilamiento—
en 12 localidades del país.
Entre las personas en espera de ejecución
había algunas condenadas por presuntos
delitos cometidos cuando eran menores de
edad, como cuatro chiíes condenados a
muerte por participar en protestas en 2012,
cuando tenían menos de 18 años.

ARGELIA
República Argelina Democrática y Popular
Jefe del Estado: Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno: Abdelmalek Sellal
Las autoridades continuaron restringiendo
el derecho a la libertad de expresión,
asociación, reunión y religión, y procesaron
en juicios injustos a personas que
expresaban pacíficamente críticas, como
defensores y defensoras de los derechos
humanos. Se expulsó arbitrariamente a
personas refugiadas y migrantes. Los
responsables de abusos graves cometidos
en el pasado siguieron gozando de
impunidad. Los tribunales impusieron
condenas a muerte; no se llevaron a cabo
ejecuciones.

INFORMACIÓN GENERAL
En enero, el gobierno disolvió el
Departamento de Información y Seguridad —
principal organismo de seguridad, vinculado
a la tortura y otros malos tratos de detenidos
— y lo sustituyó por la Dirección de Servicios
de Seguridad, que dependía directamente
del presidente.
También en enero entraron en vigor los
cambios introducidos en el Código de
Procedimiento Penal, que incluían nuevas
medidas de protección de testigos, límites al
derecho de apelación en causas por delitos
menores y reformas que permitían que una
persona contactara con un abogado desde el
momento en que era detenida por la policía.
Los cambios no daban a las
personas detenidas el derecho a que su

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abogado estuviera presente durante el
interrogatorio.
En febrero se aprobaron enmiendas a la
Constitución, entre ellas la creación del
Consejo Nacional de Derechos Humanos,
que sustituía a la Comisión Nacional
Consultiva de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos. Otra enmienda fue la
declaración del tamazight como lengua
oficial, potenciando así los derechos
culturales de la población amazigh.1
Las autoridades seguían bloqueando el
acceso a Argelia de algunos mecanismos de
derechos humanos de la ONU, entre ellos los
titulares de los mandatos sobre la tortura y
otros malos tratos, la lucha antiterrorista, las
desapariciones forzadas y la libertad de
asociación y de reunión pacífica. También
continuaron impidiendo que algunas
organizaciones internacionales, incluida
Amnistía Internacional, realizaran visitas para
investigar la situación de los derechos
humanos.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE
REUNIÓN
Las autoridades siguieron dejando a muchas
asociaciones de la sociedad civil, entre ellas
Amnistía Internacional Argelia, en una
situación jurídica incierta al no aceptar sus
solicitudes de inscripción en registro. Estas
solicitudes eran obligatorias en virtud de la
Ley 12-06, sobre asociaciones, que imponía
a éstas restricciones arbitrarias de amplio
alcance y sancionaba la pertenencia a
asociaciones no reconocidas con penas de
hasta seis meses de prisión y multas.
Las autoridades aplicaban restricciones
severas a la libertad de reunión,
manteniendo la prohibición de todas las
manifestaciones en la capital, Argel, en virtud
de un decreto de 2001, y deteniendo y
enjuiciando a manifestantes pacíficos.
En enero, un tribunal de Tamanrasset
impuso multas y penas de un año de prisión
a siete manifestantes pacíficos declarados
culpables de “concentración no armada” y
de “ofender a instituciones públicas” por
protestar en relación con un conflicto local
sobre tierras en diciembre de 2015. Seis de

Informe 2016/17 Amnistía Internacional