al finalizar el año seguían en libertad en
espera del resultado de una apelación.
En agosto, un tribunal condenó a Slimane
Bouhafs, cristiano converso de Sétif, a cinco
años de prisión por “denigrar” el islam e
“insultar” al profeta Mahoma en unos
comentarios que había publicado en
Facebook. Un tribunal de apelación le redujo
la pena a tres años.6

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Las autoridades hostigaron y enjuiciaron a
defensores y defensoras de los derechos
humanos. En marzo, un tribunal de Gardaya
acusó al abogado Noureddine Ahmine de
“insultar a una institución pública” y de
denunciar falsamente un delito en relación
con una denuncia de tortura que había
presentado en 2014 aparentemente en
nombre de una persona a la que
representaba. Noureddine Ahmine había
defendido a numerosos manifestantes y
periodistas de cargos derivados del ejercicio
pacífico de sus derechos humanos.
En junio, un juez instructor de Gardaya
dictó una orden de detención contra el
abogado Salah Dabouz, miembro de la Liga
Argelina para la Defensa de los Derechos
Humanos, en relación con unos comentarios
que había hecho sobre disturbios ocurridos
en Gardaya y por llevar supuestamente un
ordenador y una cámara a una prisión.

SISTEMA DE JUSTICIA
Durante 2016 siguieron recluidas en espera
de juicio decenas de personas detenidas en
relación con la violencia que se había
desencadenado entre comunidades de la
región de Mzab en 2015, y a las que las
autoridades investigaban por cargos de
terrorismo e incitación al odio. Entre ellas
estaban el activista político Kameleddine
Fekhar y otros partidarios de la autonomía de
la región.
En marzo, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU determinó que Argelia
había violado los artículos 2, 7 y 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
en relación con la falta de investigación de

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las denuncias presentadas por el empresario
Mejdoub Chani, según el cual funcionarios
del Departamento de Información y
Seguridad lo habían recluido en régimen de
incomunicación y torturado durante el
interrogatorio al que lo habían sometido tras
su detención por corrupción y blanqueo de
dinero en 2009. Al final del año, el
empresario seguía en prisión en espera de
que se resolvieran sus recursos ante el
Tribunal Supremo.

DERECHOS DE LAS MUJERES
El Código de Familia seguía discriminando a
las mujeres en asuntos como el matrimonio,
el divorcio, la tutela y custodia de los hijos e
hijas y la herencia. Las mujeres y las niñas
continuaban sin recibir protección adecuada
frente a la violencia de género, ya que no
existía una ley integral en esa materia. El
Código Penal seguía prohibiendo la violación
sin definirla y sin reconocer expresamente
como delito la violación conyugal, y permitía
que los hombres que violasen a niñas
menores de 18 años eludieran el
procesamiento casándose con la víctima.
Además, el Código continuaba penalizando el
aborto.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
El gobierno seguía sin promulgar leyes que
protegieran el derecho de asilo.
Hubo enfrentamientos entre residentes
locales y migrantes del África subsahariana
en Bechar y Ouargla en marzo; en
Tamanrasset, en julio, y en Argel, en
noviembre.
En diciembre, las fuerzas de seguridad
detuvieron en Argel a alrededor de 1.500
personas migrantes y refugiadas
subsaharianas, y en cuestión de días
expulsaron arbitrariamente a cientos de ellas
al vecino Níger. Las que no fueron
expulsadas fueron puestas en libertad en la
ciudad meridional de Tamanrasset, donde,
según informes, se les prohibió usar el
transporte público para impedirles regresar a
Argel.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional