los siete enjuiciados quedaron en libertad en
julio en virtud de un indulto presidencial. El
séptimo, el activista Dahmane Kerami,
continuó encarcelado cumpliendo una pena
de un año de prisión impuesta en una causa
distinta, en la que había sido declarado
culpable de participar en “concentraciones
no armadas” y de “interrumpir el tráfico”
durante unas protestas pacíficas, convocadas
en Tamanrasset en 2015, en contra de la
extracción de gas de esquisto por
fracturación hidráulica y en favor de los
trabajadores despedidos por una empresa
minera aurífera local. Quedó en libertad el 31
de diciembre, tras haber cumplido la
condena.2
En marzo, un tribunal condenó al activista
Abdelali Ghellam a un año de prisión y al
pago de una multa tras declararlo culpable
de incitar a participar en una “concentración
no armada” y de “interrumpir el tráfico”. Los
cargos se referían a unos comentarios sobre
la protesta de Tamanrasset que había
publicado en Facebook. Quedó en libertad
en abril.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se enjuició a detractores pacíficos de las
autoridades y se obligó a cerrar medios de
comunicación.
En marzo, un tribunal de Tlemcen declaró
culpable de difamación y de “ofender” al
presidente y a un organismo público a la
miembro de la Liga Argelina para la Defensa
de los Derechos Humanos Zoulikha Belarbi y
le impuso una multa. Los cargos se referían a
la publicación en Facebook de un collage
satírico que representaba al presidente
Buteflika y a otras autoridades. En diciembre
se añadieron a su condena seis meses de
prisión en apelación.
En junio, las autoridades detuvieron al
director y al productor del grupo privado de
medios de comunicación Khabar
Broadcasting Corporation, así como a una
funcionaria del Ministerio de Comunicación,
en relación con dos populares programas
satíricos de actualidad. Los tres estuvieron
varias semanas detenidos, hasta que un
tribunal les impuso condenas condicionales

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

de entre seis meses y un año de prisión por
irregularidades en la licencia. La gendarmería
clausuró los estudios de grabación en julio,
obligando a la suspensión de ambos
programas.3
En julio, un tribunal condenó al periodista
independiente Mohamed Tamalt a dos años
de prisión tras declararlo culpable de
“ofender” al presidente y a las instituciones
públicas en unos comentarios —publicados
en Facebook y en su blog— sobre corrupción
y nepotismo entre altos cargos. En agosto,
tras una vista en la que el periodista acusó a
los guardias penitenciarios de haberlo
golpeado, un tribunal de apelación confirmó
la condena. Mohamed Tamalt, que había
iniciado una huelga de hambre en el
momento de su detención, en junio, entró en
coma en agosto y murió en el hospital en
diciembre. Las autoridades no investigaron
adecuadamente las presuntas palizas que
había sufrido bajo custodia, el trato que
recibió en prisión ni su muerte.4
En noviembre, un tribunal de El Bayadh
condenó al periodista y activista de derechos
humanos Hassan Bouras a un año de prisión
por los cargos de complicidad en ofender a
funcionarios del Estado y a un organismo
público después de que una emisora privada
de televisión emitiera una entrevista que
había hecho a tres personas que
denunciaban corrupción policial y judicial.5

LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE
CREENCIAS
Según medios de comunicación y grupos de
la sociedad civil, a partir del mes de junio las
autoridades hostigaron a miembros de la
comunidad musulmana ahmadí, deteniendo
a más de 50 personas en las provincias de
Blida y Skikda, así como en otras partes del
país, a causa de sus creencias religiosas.
Poco después de las detenciones de junio en
Blida, el ministro de Asuntos Religiosos
acusó públicamente a los ahmadíes de
“extremismo” y de servir a intereses
extranjeros. En noviembre, un tribunal de
Skikda impuso a 20 ahmadíes multas y
penas de entre un mes y un año de prisión;

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