DISCRIMINACIÓN: MINORÍA CHIÍ
La minoría musulmana chií de Arabia Saudí
seguía sufriendo una discriminación
arraigada, que limitaba severamente su
acceso a los servicios y empleos públicos y
su libertad de expresión religiosa. Las
autoridades continuaban deteniendo a
activistas chiíes e imponiéndoles penas de
prisión o de muerte tras juicios injustos ante
el Tribunal Penal Especializado.
En junio, el Tribunal Penal Especializado
condenó a muerte a 14 miembros de la
minoría chií tras declararlos culpables de
cargos como disparar contra funcionarios de
seguridad, incitar al caos y participar en
manifestaciones y disturbios. Otros 9
hombres fueron condenados a prisión, y uno
fue absuelto.

DERECHOS DE LAS MUJERES
Las mujeres y las niñas continuaban estando
discriminadas en la ley y en la práctica, y no
recibían protección adecuada contra la
violencia sexual y de otros tipos. Las mujeres
seguían estando jurídicamente subordinadas
a los hombres y en situación de inferioridad a
ellos en lo relativo al matrimonio, el divorcio,
la custodia de los hijos e hijas y la herencia, y
no tenían acceso a la educación superior, al
empleo remunerado y a los viajes al
extranjero sin la aprobación de su tutor
varón. También seguían teniendo prohibido
conducir vehículos.
El plan de reforma económica del gobierno
“Visión 2030” incluía metas para aumentar
del 22% al 30% la participación de las
mujeres en la mano de obra del país e
“invertir” en sus capacidades productivas
para “reforzar su futuro y contribuir al
desarrollo de nuestra sociedad y nuestra
economía”. Al concluir el año, no había
constancia de que se hubieran iniciado
reformas legales ni otras medidas necesarias
para alcanzar estos objetivos, aunque el
ministro de Justicia decidió en mayo que las
mujeres recibieran una copia de su
certificado de matrimonio, exigido en caso de
disputas legales entre cónyuges. La
Asamblea Consultiva debatió una propuesta

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

de ley que, de ser promulgada, permitiría a
las mujeres obtener el pasaporte sin la
aprobación de un tutor varón.
En agosto, una campaña emprendida en
Twitter con el lema de “Las mujeres saudíes
exigen el fin de la tutela” hizo que decenas
de miles de mujeres expresaran su oposición
al sistema de tutela masculina. Fuentes
activistas calculaban que, en septiembre,
14.000 mujeres saudíes habían firmado una
petición en Internet en la que se solicitaba al
rey Salmán la abolición del sistema.
El 11 de diciembre fue detenida e
interrogada Malak al Shehri por haber
publicado en las redes sociales un fotografía
suya sin abaya (túnica de cuerpo entero).
Quedó en libertad el 16 de diciembre, pero
su condición jurídica no estaba clara.

DERECHOS DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MIGRANTES
Las autoridades mantuvieron las medidas
enérgicas que aplicaban a las personas
migrantes en situación irregular, y detuvieron
y expulsaron a cientos de miles de
trabajadores y trabajadoras migrantes.
Decenas de miles de trabajadores y
trabajadoras migrantes fueron despedidos sin
haber cobrado durante meses su salario
después de que el gobierno recortase los
gastos en contratos con constructoras y otras
empresas. Numerosas personas indias,
paquistaníes, filipinas y de otras
nacionalidades quedaron abandonadas a su
suerte, sin comida, agua ni visados de salida;
algunas bloquearon carreteras como medida
de protesta.

PENA DE MUERTE
Los tribunales continuaban imponiendo
condenas a muerte por diversos delitos, entre
ellos algunos de drogas que no implicaban
violencia y que, según el derecho
internacional, no deben acarrear la pena de
muerte. Muchas personas fueron
condenadas a muerte en juicios injustos por
tribunales que las declararon culpables sin
investigar adecuadamente sus denuncias de
que sus “confesiones” habían sido obtenidas
mediante coacción, incluida la tortura.

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