como “insultar al Estado y a sus
gobernantes”, promover manifestaciones y
participar en ellas, y “solidarizarse con los
miembros detenidos” de la Asociación Saudí
de Derechos Civiles y Políticos, que eran
presos de conciencia. El Tribunal ordenó
asimismo el cierre de su cuenta de Twitter.
Las autoridades no permitían la existencia
de partidos políticos, sindicatos ni grupos
independientes de derechos humanos, y
continuaban deteniendo, enjuiciando y
encarcelando a quienes constituían
organizaciones no autorizadas o formaban
parte de ellas.
Seguían prohibidas todas las
concentraciones públicas, incluidas las
manifestaciones pacíficas, en virtud de una
orden dictada por el Ministerio del Interior en
2011. Algunas personas que habían
infringido la prohibición fueron detenidas y
encarceladas. Aunque las huelgas
continuaban siendo muy poco frecuentes, en
septiembre, los trabajadores y trabajadoras
extranjeros y saudíes de un hospital privado
de Jobar hicieron un paro laboral para
protestar por varios meses de impago de
salarios.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Las autoridades continuaban deteniendo y
enjuiciando a defensores y defensoras de los
derechos humanos por cargos imprecisos y
demasiado generales, valiéndose de la
legislación antiterrorista y de leyes
concebidas para silenciar la crítica pacífica.
Entre las personas detenidas, enjuiciadas o
que cumplían penas de prisión había varios
miembros de la Asociación Saudí de
Derechos Civiles y Políticos, organización
independiente de derechos humanos, creada
en 2009 y que las autoridades cerraron en
2013.
En mayo, el Tribunal Penal Especializado
condenó a Abdulaziz al Shubaily, uno de los
fundadores de la Asociación, a ocho años de
prisión, seguidos de la prohibición de viajar
durante otros ocho y de comunicarse a través
de las redes sociales. Lo declaró culpable de
difamar e insultar a altos magistrados en

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

aplicación de la ley sobre delitos
informáticos. También estaba acusado de
“comunicarse con organizaciones
extranjeras” y proporcionar información
sobre violaciones de derechos humanos a
Amnistía Internacional.
En octubre comparecieron ante el Tribunal
Penal Especializado para ser juzgados
Mohammad al Otaibi y Adbullah al Attawi,
cofundadores de la Unión por los Derechos
Humanos. Se presentó a ambos una lista de
cargos relacionados con su labor por los
derechos humanos, entre ellos “participar en
el establecimiento de una organización y
anunciarla antes de tener autorización” y
“romper la unidad nacional, propagar el caos
e incitar a la opinión pública”.
Decenas de activistas y defensores y
defensoras de los derechos humanos más
seguían cumpliendo largas penas de prisión
por cargos similares, basados en el ejercicio
pacífico de sus derechos humanos.
En enero, agentes de los servicios de
seguridad detuvieron brevemente a la
defensora de los derechos humanos Samar
Badawi en relación con sus actividades a
favor de la libertad de su ex esposo, el
abogado de derechos humanos encarcelado
Waleed Abu al Khair.

SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Según las autoridades, las fuerzas de
seguridad detuvieron a centenares de
personas sospechosas de delitos de
terrorismo, entre las que había presuntos
afiliados y simpatizantes de los grupos
armados Estado Islámico y Al Qaeda, aunque
facilitaron pocos detalles. Algunos detenidos
fueron recluidos en el Centro de Terapia y
Tratamiento Mohammed Bin Nayef,
concebido para “terroristas” y “seguidores de
ideas desviadas”.
En abril, las autoridades estadounidenses
trasladaron a nueve detenidos —todos de
nacionalidad yemení— desde el centro de
detención de Guantánamo, en Cuba, a
Arabia Saudí.
Se continuaba equiparando con
“terroristas” a defensores y defensoras de los

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