grupos afectados. Se reasentó a
comunidades en viviendas improvisadas, sin
acceso adecuado a servicios básicos como el
agua, la electricidad, el saneamiento, la
atención de la salud y la educación.
El 6 de agosto, un agente de la policía
militar mató por disparos a Rufino Antônio,
de 14 años, que estaba delante de su
vivienda para tratar de impedir su
demolición. La policía militar había sido
desplegada ese día en la zona para controlar
una manifestación contra la demolición de
casas en Zango II, municipio de Viana
(Luanda), en el contexto de un proyecto de
desarrollo urbanístico. Al terminar el año no
se había puesto a los presuntos autores del
homicidio a disposición de la justicia.
1. Activista angoleño condenado tras juicio injusto (AFR 12/3464/2016)
2. Activista angoleño sale en libertad una semana antes de tiempo (AFR
12/5205/2016)
3. Cuatro activistas juveniles detenidos sin cargos (AFR 12/4631/2016)
4. Amnesty International, OMUNGA and Organização Humanitária
Internacional (OHI) urge Angolan authorities to respect the rights to
freedom of expression and peaceful assembly (AFR 12/4590/2016)

ARABIA SAUDÍ
Reino de Arabia Saudí
Jefe del Estado y del gobierno: rey Salmán bin
Abdulaziz al Saud

Las autoridades restringían severamente el
derecho de libertad de expresión,
asociación y reunión, deteniendo y
encarcelando a quienes las criticaban, a
defensores y defensoras de derechos
humanos y a activistas de los derechos de
las minorías por cargos imprecisos. La
tortura y otros malos tratos bajo custodia
seguían siendo habituales, especialmente
durante el interrogatorio, y los tribunales
continuaban admitiendo “confesiones”
presuntamente obtenidas mediante tortura
para dictar sentencias condenatorias en
juicios injustos. Las mujeres estaban
discriminadas en la ley y en la práctica, y
no recibían protección adecuada contra la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

violencia sexual y de otros tipos. Las
autoridades seguían deteniendo y
expulsando a las personas migrantes en
situación irregular. Los tribunales dictaron
numerosas penas de muerte, incluso por
delitos no violentos y contra personas
condenadas por presuntos delitos
cometidos cuando eran menores de edad;
se llevaron a cabo decenas de ejecuciones.
Las fuerzas de la coalición dirigida por
Arabia Saudí cometieron en Yemen
violaciones graves del derecho
internacional, crímenes de guerra incluidos.

INFORMACIÓN GENERAL
Arabia Saudí sufrió crecientes problemas
económicos debido a la caída de los precios
mundiales del petróleo y al coste de su
intervención militar continuada en el conflicto
armado de Yemen. Esta situación se reflejó
en la reducción de los gastos del Estado en
bienestar social y en construcción, lo que
provocó el despido de miles de personas, en
su mayoría trabajadores y trabajadoras
migrantes del sur de Asia. En abril, las
autoridades lanzaron “Visión 2030”, un plan
para diversificar la economía y acabar con la
dependencia del país de los ingresos
derivados de la extracción de combustibles
fósiles. En septiembre, el Consejo de
Ministros anunció recortes en los sueldos de
los ministros del gobierno y en las
bonificaciones que se pagaban a los
empleados públicos.
Las relaciones entre Arabia Saudí e Irán
siguieron deteriorándose, situación
exacerbada por su apoyo a bandos contrarios
en los conflictos de la región. Tras ejecutar el
gobierno al destacado clérigo musulmán chií
Sheikh Nimr al Nimr y a otras personas el 2
de enero, unos manifestantes irrumpieron en
la embajada saudí en la capital iraní,
Teherán, y la incendiaron, por lo que Arabia
Saudí rompió relaciones diplomáticas con
Irán y expulsó a sus diplomáticos. Las
autoridades de Teherán prohibieron a la
ciudadanía iraní asistir a la peregrinación
anual a La Meca (hach) en Arabia Saudí.
El 4 de julio se perpetraron atentados
suicidas con explosivos, aparentemente

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