coordinados, en uno de los lugares más
sagrados del islam en Medina, en el
consulado estadounidense en Yidda y en una
mezquita chií de Qatif, matando a cuatro
personas.
En septiembre, el Congreso
estadounidense votó por una amplia mayoría
anular el veto del presidente estadounidense
Barack Obama a la Ley de Justicia contra los
Patrocinadores del Terrorismo, abriendo a las
familias de las víctimas mortales de los
atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos la posibilidad de
demandar por daños y perjuicios al gobierno
saudí.
En octubre, el Comité de los Derechos del
Niño de la ONU instó al gobierno a que
detuviera de inmediato la ejecución de las
personas condenadas a muerte por delitos
presuntamente cometidos cuando eran
menores de 18 años, pusiera en libertad de
inmediato a todos los menores condenados a
muerte en juicios injustos y conmutara las
penas de los demás, y prohibiera
“inequívocamente” en la ley la imposición de
la pena de muerte a personas menores de 18
años en el momento de su presunto delito.

admitió que sus fuerzas habían utilizado
municiones de racimo de fabricación
británica en 2015 y aseguró que no iba a
volver a hacerlo. Los gobiernos de Estados
Unidos y Reino Unido continuaron ayudando
a la coalición con armas, entrenamiento,
información de inteligencia y apoyo logístico,
a pesar de las violaciones graves del derecho
internacional cometidas por sus fuerzas en
Yemen.
En junio, el secretario general de la ONU
eliminó a Arabia Saudí de una lista de
Estados y grupos armados responsables de
violaciones graves de los derechos de la
infancia durante los conflictos después de
que el gobierno saudí amenazara con reducir
su apoyo económico a programas clave de la
ONU.
Las fuerzas huzíes y sus aliados llevaron a
cabo reiterados ataques transfronterizos
indiscriminados, bombardeando zonas
pobladas civiles, como Nayran y Yazán, en el
sur de Arabia Saudí, en las que mataron e
hirieron a civiles y dañaron bienes de
carácter civil.

CONFLICTO ARMADO DE YEMEN

Las autoridades seguían restringiendo
severamente la libertad de expresión y
reprimiendo la disidencia. Hostigaban,
detenían y enjuiciaban a sus detractores —
como escritores y comentaristas activos en
Internet, activistas políticos y de los derechos
de las mujeres, miembros de la minoría chií y
defensores y defensoras de los derechos
humanos—, encarcelando a algunos
después de que los tribunales los
condenaran a prisión por cargos imprecisos.
En marzo, el Tribunal Penal Especializado
de la capital, Riad, condenó al periodista
Alaa Brinji a cinco años de prisión y a una
multa, seguidos de la prohibición de viajar
durante ocho años, por unos comentarios
que había publicado en Twitter.
También en marzo, el Tribunal condenó al
escritor y ulema Mohanna Abdulaziz al
Hubail a seis años de prisión, seguidos de la
prohibición de viajar durante otros seis, tras
declararlo culpable in absentia de cargos

A lo largo del año, la coalición militar dirigida
por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno
yemení reconocido internacionalmente
continuó bombardeando en Yemen zonas
controladas o disputadas por las fuerzas
huzíes y sus aliados, matando e hiriendo a
miles de civiles. Algunos ataques fueron
indiscriminados, desproporcionados o
dirigidos deliberadamente contra la población
civil y bienes de carácter civil, como
escuelas, hospitales, mercados y mezquitas.
Algunos de los ataques de la coalición
constituían crímenes de guerra. La coalición
empleó armamento suministrado por los
gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido,
incluidas bombas de racimo, prohibidas
internacionalmente por ser de efecto
intrínsecamente indiscriminado y representar
un riesgo continuo para la población civil
debido a que a menudo no estallan en el
impacto inicial. En diciembre, la coalición

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LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE
ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN

Informe 2016/17 Amnistía Internacional