derechos humanos y a quienes manifestaban
su disidencia política. Tras ser excarcelado
de la prisión de Al Hair de Riad, donde había
cumplido una pena de cuatro años,
Mohammed al Bajadi, defensor de los
derechos humanos y fundador de la
Asociación Saudí de Derechos Civiles y
Políticos, fue recluido otros cuatro meses en
el Centro de Terapia y Tratamiento
Mohammed Bin Nayef, donde recibió
“sesiones de terapia” religiosa y psicológica
semanales.
En febrero, el Tribunal Penal Especializado
comenzó a juzgar a 32 hombres, 30 de ellos
de la minoría chií, por los cargos de espiar
para Irán y entregarle información de
inteligencia militar, y apoyar las protestas de
Qatif, Provincia Oriental, donde la mayoría de
la población era chií. La fiscalía pidió la pena
de muerte para 25 de los enjuiciados. En
diciembre, el Tribunal condenó a 15 de ellos
a muerte tras un juicio injusto. Otros 15
fueron condenados a entre 6 meses y 25
años de prisión, y 2 resultaron absueltos.
En noviembre, 13 mujeres fueron
sometidas a juicio ante el Tribunal Penal
Especializado por cargos relacionados con su
participación en protestas convocada en la
ciudad de Burayda.

DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
En abril, el Consejo de Ministros promulgó
nuevas normativas que reducían las
facultades del Comité para la Promoción de
la Virtud y Prevención del Vicio, la policía
religiosa de Arabia Saudí, en particular
prohibiéndole practicar detenciones y seguir
a sospechosos y pedirles que se
identificaran.
Las autoridades continuaban practicando
numerosas detenciones arbitrarias y
mantenían a los detenidos bajo custodia
durante periodos prolongados sin remitirlos a
un tribunal competente, a pesar de que el
Código de Procedimiento Penal exigía que
todos los detenidos fueran presentados ante
un tribunal en el plazo de seis meses. Eran
habituales la reclusión en régimen de
incomunicación durante el interrogatorio y la
negación del acceso a un abogado, lo que

80

menoscababa el derecho de los detenidos a
un juicio justo y aumentaba el riesgo de que
sufrieran tortura y otros malos tratos.
En septiembre, las autoridades de
seguridad detuvieron arbitrariamente al
activista de derechos humanos Salim al
Maliki después de que publicase en Twitter
unas imágenes de vídeo de guardias de
frontera desalojando a miembros de
comunidades tribales de la región de Yazán,
cerca de la frontera de Arabia Saudí con
Yemen. Estuvo recluido en régimen de
incomunicación durante las seis primeras
semanas, y al terminar el año continuaba
privado de libertad.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Los funcionarios de los servicios de
seguridad seguían infligiendo con impunidad
tortura y otros malos tratos bajo custodia,
especialmente para obtener “confesiones” a
fin de utilizarlas como prueba contra los
detenidos en el juicio. Los tribunales
dictaban a menudo sentencias condenatorias
basándose en “confesiones” impugnadas,
hechas en prisión preventiva.
El abogado que representaba a la mayoría
de los 32 hombres acusados de espiar para
Irán afirmó que habían sido obligados a
“confesar”. Tras la detención, fueron
recluidos en régimen de incomunicación y se
les negó el acceso a sus familias y a un
abogado durante tres meses; algunos fueron
sometidos a régimen de aislamiento
prolongado.

Penas crueles, inhumanas o degradantes
Las autoridades continuaban imponiendo y
administrando castigos corporales que
violaban la prohibición de la tortura y otros
malos tratos, en particular penas de
flagelación. En febrero, el Tribunal General de
Abha condenó al poeta y artista palestino
Ashraf Fayadh a recibir 800 latigazos y a 8
años de prisión al conmutarle la pena de
muerte que le había sido impuesta por
apostasía en 2015 a causa de sus textos.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional