sus cuentas. Estas medidas no sólo
obstaculizaron su legítimo trabajo, sino que
también menoscabaron el derecho de las
asociaciones a buscar y obtener recursos y
tuvieron un impacto más amplio en los
derechos humanos en general. Aunque se
presentaron quejas ante las instituciones
gubernamentales encargadas de supervisar
las actividades bancarias, al terminar el año
no se había recibido respuesta alguna.

LIBERTAD DE REUNIÓN
Las autoridades se negaron con frecuencia a
permitir la celebración de manifestaciones
pacíficas, aunque en Angola éstas no
requerían autorización previa. Cuando se
llevaban a cabo, a menudo la policía detenía
y recluía arbitrariamente a quienes
participaban en ellas de forma pacífica.
El 30 de julio, más de 30 activistas
pacíficos fueron detenidos arbitrariamente y
recluidos hasta siete horas en la ciudad de
Benguela. Tenían previsto participar en una
manifestación pacífica organizada por el
Movimiento Revolucionario de Benguela para
reclamar medidas eficaces contra la
inflación. Todos quedaron en libertad sin
cargos. Unos días después, cuatro de los
activistas fueron detenidos de nuevo,
también en este caso sin orden judicial.
Quedaron en libertad con fianza. Al final del
año no habían sido acusados formalmente,
pero la fiscalía les comunicó que eran
sospechosos de robo con agravantes, tráfico
de drogas y actos de violencia contra
simpatizantes del MPLA.3 Nadie rindió
cuentas por las detenciones y reclusiones
arbitrarias.4

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El 18 de noviembre, la Asamblea Nacional
aprobó cinco proyectos de ley (Ley de
Prensa, Estatuto del Periodista, Ley sobre el
Ejercicio de la Actividad de Radiodifusión,
Ley sobre el Ejercicio de la Actividad de
Televisión y Ley de la Entidad Reguladora de
la Comunicación Social) que restringían aún
más la libertad de expresión. Fueron
criticados por partidos de oposición, el
Sindicato de Periodistas Angoleños y otros

76

actores de la sociedad civil por permitir un
control más estricto del gobierno sobre la
televisión, la radio, la prensa, las redes
sociales e Internet.
Uno de los cambios propuestos era la
creación de una entidad reguladora de la
comunicación social dotada de amplias
competencias en materia de regulación y
supervisión, entre ellas determinar si una
comunicación dada era conforme a las
buenas prácticas periodísticas. Esta
disposición constituiría censura previa y
obstaculizaría la libre circulación de ideas y
opiniones. La mayoría de los miembros de la
entidad reguladora serían nombrados por el
partido gobernante y el partido que tuviera
más escaños en la Asamblea Nacional (el
MPLA en ambos casos), lo que hacía temer
que la entidad fuese a ser una institución
política que silenciase las voces críticas y la
disidencia.

DERECHO A LA SALUD: BROTE DE
FIEBRE AMARILLA
El brote de fiebre amarilla que se había
declarado en Luanda en el último trimestre
de 2015 se prolongó hasta el segundo
semestre de 2016 e incluyó casos
sospechosos en las 18 provincias del país.
De los 3.625 casos comunicados en este
periodo, 357 fueron mortales. El brote se
agravó debido a la escasez de vacunas en el
principal hospital público de Luanda, donde
se diagnosticaron los primeros casos. El
CESCR recomendó que Angola destinase
más recursos al sector de la salud, en
particular para mejorar las infraestructuras y
ampliar las instalaciones de atención de la
salud especialmente en las zonas rurales.

DERECHO A LA VIVIENDA: DESALOJOS
FORZOSOS
En su examen de Angola de 2016, el CESCR
expresó preocupación por la persistencia de
los desalojos forzosos, incluso de
asentamientos informales y en el marco de
proyectos de desarrollo urbanístico, sin las
debidas garantías procesales y sin
proporcionar vivienda alternativa ni
indemnización adecuada a las personas y los

Informe 2016/17 Amnistía Internacional