gobierno que considerara despenalizar el
aborto y pidió la pronta liberación de la
mujer. Asimismo, el Comité pidió a Argentina
que liberalizara su legislación sobre el aborto
a fin de garantizar que todas las mujeres y
niñas tuvieran acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva, y “que las barreras
legales, el ejercicio de objeción de conciencia
por parte de los trabajadores de la salud y la
falta de protocolos médicos no oblig[aran] a
las mujeres a recurrir al aborto clandestino
que pon[ía] su vida y su salud en riesgo”. La
Corte Suprema de Tucumán ordenó en
última instancia la libertad de la mujer aquel
mismo mes, pero tuvo que dictar una
resolución definitiva sobre la condena de
ocho años de prisión que había impuesto a la
mujer el tribunal de instancia inferior.
En julio, una niña de 12 años de la
comunidad indígena wichí fue violada por un
grupo de hombres no indígenas. A
consecuencia de la violación, la niña quedó
embarazada, y fue obligada a seguir adelante
con el embarazo a pesar de que sus padres
habían denunciado la violación. En su 31
semana de gestación le permitieron
someterse a una cesárea sólo porque su
embarazo era inviable.
En noviembre, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer instó a Argentina a garantizar que
todas las provincias aprobaban protocolos
para facilitar el acceso a abortos legales;
instó también al país a garantizar que las
mujeres tuvieran acceso a servicios de aborto
y postaborto legales y seguros y a adoptar
medidas definitivas para impedir el uso
generalizado de la objeción de conciencia
por parte de médicos que se negaran a
realizar abortos, teniendo en cuenta
particularmente las situaciones de
embarazos precoces que fueran
consecuencia de violación o incesto y que
pudieran constituir tortura; y a acelerar la
adopción del proyecto de ley para la
interrupción voluntaria del embarazo, que
aumentara el acceso legal al aborto.

86

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
A pesar de que la Constitución reconocía los
derechos de los pueblos indígenas a sus
tierras ancestrales y a participar en la gestión
de sus recursos naturales, la mayoría de las
comunidades indígenas seguían sin ver
reconocidos legalmente sus derechos sobre
la tierra.
Los pueblos indígenas denunciaron más
de 200 casos de violaciones de sus derechos
humanos relacionados con la tierra, la
participación y la consulta, la igualdad, la no
discriminación y el acceso a la justicia, entre
otros.
En 2016 se cumplieron siete años de
impunidad en el caso de Javier Chocobar,
líder de la comunidad indígena
chuschagasta, muerto por defender
pacíficamente su tierra en la provincia
septentrional de Tucumán.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
En agosto, la Dirección Nacional de
Migraciones y el Ministerio de Seguridad
anunciaron la creación de un centro de
detención de migrantes. Eso vulneraba los
derechos a la libertad de la persona, a la
libertad de circulación y a gozar de
protección frente a la detención arbitraria.
Durante la Cumbre de Líderes sobre
Refugiados celebrada en septiembre en
Nueva York, Argentina se comprometió a
recibir a 3.000 personas refugiadas sirias,
dando prioridad a familias con hijos. Al
concluir el año seguían sin concretarse los
detalles del programa de reasentamiento.

IMPUNIDAD
Se celebraron juicios públicos por crímenes
de lesa humanidad cometidos durante el
régimen militar de 1976 a 1983. Entre 2006
y diciembre de 2016 se habían emitido 173
sentencias, con lo que el número total de
personas declaradas culpables se elevaba a
733.
En mayo se dictó una sentencia histórica
en el caso de la Operación Cóndor, un plan

Informe 2016/17 Amnistía Internacional