de inteligencia coordinado que habían
lanzado en la década de 1970 los regímenes
militares que gobernaban Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Reynaldo
Bignone, el último presidente de facto de
Argentina en  esa época, fue condenado a 20
años de prisión. También se impusieron
penas de prisión a otros 14 mandos militares.
En agosto se dictó sentencia en el juicio
histórico de La Perla —en relación con
centros clandestinos en la provincia de
Córdoba— y 28 responsables fueron
condenados a cadena perpetua. Hubo 9
condenas de entre 2 y 14 años de prisión y 6
absoluciones.
En diciembre, la comisión bicameral —
encargada de identificar los intereses
económicos y financieros que habían estado
en connivencia con la dictadura militar—
creada por la Ley 27.217 de 2015 todavía no
se había establecido.
Prosiguió la audiencia pública sobre el
encubrimiento de la investigación del
atentado de 1994 en el edificio de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
en el que habían perdido la vida 85
personas. Entre las personas acusadas se
encontraban el ex presidente Carlos Menem,
un ex juez y otros ex altos cargos. La causa
principal sobre el atentado estaba estancada
desde 2006. En agosto, la Unidad Fiscal de
Investigación para la causa AMIA concluyó
que la última víctima que quedaba por
identificar era Augusto Daniel Jesús.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE
REUNIÓN
Se siguió denunciando el uso innecesario y
excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas
de seguridad en las protestas públicas.
El 16 de enero, la líder social Milagro Sala
fue detenida y acusada por protestar
pacíficamente en Jujuy en diciembre de
2015. Pese a que se había ordenado su
puesta en libertad en ese caso, se iniciaron
nuevos procedimientos penales contra ella
para mantenerla recluida. En octubre, el
Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
Detención Arbitraria concluyó que su

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

detención había sido arbitraria y pidió su
liberación inmediata.
El 17 de febrero, el Ministerio de
Seguridad de la Nación publicó el Protocolo
de Actuación de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en Manifestaciones Públicas, que
establecía que las fuerzas de seguridad
reprimirían a quienes ejercieran su derecho
de reunión pacífica y el sistema de justicia
los enjuiciaría por la vía penal.
El 31 de marzo, el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires emitió la resolución FG N 25/2016, que
entrañaba graves riesgos de que se
impusieran restricciones indebidas al
derecho de reunión pacífica.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
El defensor de los derechos humanos Rubén
Ortiz sufrió amenazas e intimidación por
apoyar los derechos de las comunidades
campesinas en la provincia de Misiones. Al
finalizar el año había una investigación en
curso.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Al concluir el año, no se había establecido el
Comité Nacional de Prevención de la Tortura,
a pesar de la normativa gubernamental del
Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura, compuesto por legisladores,
autoridades del gobierno y representantes de
organizaciones de la sociedad civil. Las
obligaciones del Comité incluían realizar
visitas a centros de detención, prevenir el
hacinamiento en las prisiones y regular las
transferencias de reclusos.

ARMENIA
República de Armenia
Jefe del Estado: Serge Sarkisian
Jefe del gobierno: Karen Karapetyan (sustituyó a Hovik
Abrahamyan en septiembre)
La policía empleó en julio fuerza excesiva
para reprimir manifestaciones en gran
medida pacíficas en la capital, Ereván.

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