El 29 de enero, hombres armados no
identificados acabaron con la vida del
periodista Zubair Khaksar, conocido por su
trabajo en la televisión pública de la provincia
de Nangarhar, cuando viajaba de la ciudad
de Jalalabad al distrito de Surkhrood.
El 19 de abril, un policía de Kabul golpeó a
dos trabajadores de Ariana TV que se
encontraban informando.
Activistas de varias provincias de fuera de
Kabul afirmaron ser cada vez más reticentes
a manifestarse, por temor a represalias de
funcionarios del gobierno.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Grupos armados, incluidos los talibanes,
continuaron perpetrando homicidios, tortura
y otros abusos contra los derechos humanos
en castigo por actos que consideraban
delitos o crímenes. Las estructuras de justicia
paralelas eran ilegales.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, la
UNAMA documentó 26 casos —homicidios
sumarios, azotes con látigo, palizas y
detenciones ilegales— de castigos impuestos
por presuntas violaciones de la ley islámica,
espionaje o colaboración con las fuerzas de
seguridad. La mayoría ocurrieron en el oeste
del país, sobre todo en las provincias de
Farah y Badghis.
El 14 de febrero, la policía local afgana del
distrito de Khak e Safid (provincia de Farah)
presuntamente detuvo, torturó y mató a un
pastor por su supuesta implicación en la
colocación de un explosivo improvisado y
accionado por control remoto, que había
acabado con la vida de dos agentes de
policía. La UNAMA comunicó que, aunque la
fiscalía de la policía nacional afgana tenía
noticia de los hechos, no había abierto
ninguna investigación ni había efectuado
detenciones.

PENA DE MUERTE
El 8 de mayo, seis presos fueron ejecutados
en la horca en la prisión de Pol e Charkhi, en
Kabul. Estas ejecuciones se produjeron al
hilo de un discurso pronunciado por el
presidente Ghani, el 25 de abril —poco
después del atentado talibán a gran escala

70

del 19 de abril—, en el que prometió aplicar
mano dura, incluida la pena capital, para
hacer justicia.
Se temía que, posteriormente, pudiera
haber más ejecuciones. Había unas 600
personas condenadas a muerte, muchas de
ellas por delitos tales como asesinato. Un
buen número de estas personas no habían
sido juzgadas con las debidas garantías. A lo
largo del año se condenó a muerte a unas
100 personas por delitos como asesinato,
violación y terrorismo con resultado de
homicidios en masa.

ALBANIA
República de Albania
Jefe del Estado: Bujar Nishani
Jefe del gobierno: Edi Rama
Las comunidades romaní y egipciana
continuaban viviendo en precarias
condiciones de alojamiento y corrían peligro
de sufrir desalojos forzosos. Más de 20.000
personas albanesas solicitaron asilo en la
UE.

DESAPARICIONES FORZADAS
Las autoridades no hicieron progresos para
llevar ante los tribunales a los responsables
de la desaparición forzada, ocurrida en 1995,
de Remzi Hoxha, macedonio de etnia
albanesa cuya suerte y paradero seguían sin
conocerse.
El gobierno empezó a cooperar con la
Comisión Internacional sobre Personas
Desaparecidas en la localización e
identificación de los restos de albaneses que
habían sido víctimas de desaparición forzada
entre 1944 y 1991 con los sucesivos
gobiernos comunistas; sin embargo, al final
de 2016 todavía quedaban exhumaciones
pendientes. Unas 6.000 personas, según
cálculos, continuaban desaparecidas.

DERECHO A LA VIVIENDA: DESALOJOS
FORZOSOS
En junio, las autoridades municipales de
Tirana amenazaron con desalojar por la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional