Personas internamente desplazadas
En abril de 2016 se calculaba que el número
de personas internamente desplazadas
ascendía a 1,4 millones. Muchas de ellas
seguían viviendo en condiciones de miseria,
sin acceso a condiciones adecuadas de
vivienda, alimentación, agua, atención a la
salud, educación u oportunidades de trabajo.
Según la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de la ONU, del 1 de
enero al 11 de diciembre 530.000 personas
se desplazaron internamente sobre todo a
causa del conflicto.
A lo largo de los últimos años, la situación
de las personas internamente desplazadas
había empeorado. La Política Nacional de
Personas Desplazadas Internas, que había
comenzado a aplicarse en 2014, se vio
empañada por la corrupción, por la falta de
capacidad del gobierno y por la disminución
del interés internacional.
Junto con otros grupos, las personas
internamente desplazadas experimentaban
considerables dificultades a la hora de
acceder a atención médica. Los servicios
públicos seguían completamente
desbordados, y los campos y asentamientos
de personas internamente desplazadas
carecían a menudo de clínicas para ellas. La
mayoría de las personas internamente
desplazadas no podían pagar las medicinas
ni costearse clínicas privadas, y preocupaba
en particular la falta de atención adecuada a
la salud materna y reproductiva.
Asimismo, tanto el gobierno como agentes
privados amenazaban reiteradamente con
desalojos forzosos a las personas
internamente desplazadas.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los grupos armados siguieron atacando y
amenazando a defensores y defensoras de
los derechos humanos. En concreto, en el
caso de las defensoras, tanto ellas mismas
como sus familias fueron amenazadas de
muerte.
A principios de 2016, los talibanes
amenazaron de muerte, a través de

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Facebook, a un destacado defensor de los
derechos humanos y a nueve personas más.
Cuando estos 10 activistas informaron a las
autoridades de la amenaza, la Dirección
Nacional de Seguridad (servicio de
inteligencia afgano), detuvo a dos personas
presuntamente vinculadas a los talibanes,
pero posteriormente no facilitó más
información a los denunciantes. Continuaron
las amenazas contra activistas que, en
consecuencia, autocensuraron su trabajo de
derechos humanos.
En agosto, individuos no identificados
secuestraron, torturaron y, posteriormente,
mataron al hermano de una activista local de
derechos de las mujeres en una provincia del
sur. Los agresores utilizaron el teléfono de la
víctima para intimidar a la activista y a su
familia, amenazándola con consecuencias
irreparables si no abandonaba su trabajo de
derechos humanos. Al final del año no se
había detenido a nadie en relación con este
secuestro y homicidio.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE
REUNIÓN
La libertad de expresión, fortalecida tras la
caída de los talibanes en 2001, venía
debilitándose cada vez más debido a las
agresiones, intimidaciones y homicidios que
sufrían los profesionales del periodismo.
Nai —organismo de vigilancia de la
libertad de prensa— informó de más de 100
agresiones contra periodistas, personal de
medios de comunicación y oficinas de esos
medios entre enero y noviembre de 2016.
Las agresiones, perpetradas por agentes
tanto estatales como no estatales,
consistieron en homicidios, palizas,
reclusión, incendios, amenazas y otras
formas de violencia.
El 20 de enero, un atentado suicida contra
un autobús en el que viajaba personal de
Moby Group (empresa propietaria de Tolo TV,
principal canal privado de televisión del país)
se saldó con la muerte de siete trabajadores
y trabajadoras, y 27 personas heridas. Los
talibanes, que habían amenazado
previamente al canal de televisión,
reivindicaron el atentado.

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