embargo, el gobierno adoptó también varias
leyes para restringir los derechos de las
personas refugiadas y solicitantes de asilo,
incluido el derecho a la reagrupación
familiar. El número de ataques racistas y
xenófobos contra albergues para solicitantes
de asilo siguió siendo alto, y las autoridades
no adoptaron estrategias eficaces para
impedirlos.

PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
El número de solicitantes de asilo que
llegaron al país fue considerablemente menor
que en 2015. El gobierno registró unas
304.900 llegadas entre enero y noviembre,
frente a las 890.000 de 2015.
Las autoridades mejoraron su capacidad
de tramitar las solicitudes de asilo a lo largo
del año. Entre enero y noviembre solicitaron
asilo aproximadamente 702.490 personas,
entre ellas muchas que habían llegado a
Alemania el año anterior. Las autoridades
tomaron una decisión en unos 615.520
casos. El índice de personas sirias, iraquíes y
afganas que consiguieron el pleno
reconocimiento de la condición de refugiado
disminuyó respecto al año anterior; se
concedió protección subsidiaria a más y se
reconoció plenamente la condición de
refugiado a menos. La concesión de
protección subsidiaria garantizaba menos
derechos que el reconocimiento de la
condición de refugiado, incluso con respecto
a la reagrupación familiar. Entre enero y
noviembre se reconoció la condición plena
de refugiado al 59% de las personas sirias
solicitantes, frente al 99,6% del mismo
periodo de 2015.
En marzo entraron en vigor nuevas
reformas de la legislación sobre asilo. El
derecho a la reagrupación familiar de las
personas a quienes se hubiera concedido
protección subsidiaria fue suspendido hasta
marzo de 2018. Se introdujo un nuevo
procedimiento acelerado para evaluar las
solicitudes de asilo presentadas por personas
de diversas categorías —en especial las de
países considerados “seguros”— sin
establecer garantías suficientes de acceso a

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un procedimiento justo de asilo. Al concluir el
año estaba pendiente ante el Consejo Federal
una ley que definía Argelia, Marruecos y
Túnez como países de origen “seguros”. Al
final del año aún no había empezado a
aplicarse el nuevo procedimiento acelerado.
En mayo, el Parlamento aprobó por
primera vez una ley para la integración de las
personas refugiadas y solicitantes de asilo. La
ley tenía como fin crear oportunidades
educativas y de empleo para las personas
refugiadas y les imponía la obligación de
asistir a cursos de integración. También
permitía a las autoridades de los estados
federales imponer restricciones respecto a
dónde podían residir las personas refugiadas,
endurecía las condiciones para emitir
permisos de residencia e introducía recortes
adicionales de las prestaciones para quienes
no cumplieran las nuevas normas.
Hasta el 19 de diciembre, Alemania
reubicó a 640 personas refugiadas desde
Grecia y a 455 desde Italia. Además, aceptó
el traslado a su territorio de 1.060 personas
refugiadas sirias desde Turquía como parte
del acuerdo establecido por la UE con este
país. Pese al deterioro de la situación en
Afganistán en materia de seguridad, las
autoridades devolvieron a más de 60
personas de ciudadanía afgana cuyas
solicitudes de asilo habían sido rechazadas.
En 2015 se había devuelto a menos de 10
personas afganas cuya solicitud de asilo no
se había admitido.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Las autoridades seguían sin investigar
eficazmente los casos de presuntos malos
tratos policiales y no crearon ningún
mecanismo independiente de atención de
denuncias para hacerlo.
Al final del año, los gobiernos de Renania
del Norte-Westfalia y Sajonia-Anhalt
planeaban imponer a los agentes de policía
la obligación de llevar placas identificativas
mientras estuvieran de servicio.
La Comisión Conjunta de la Agencia
Nacional para la Prevención de la Tortura —
mecanismo nacional de prevención creado
en virtud del Protocolo Facultativo de la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional