de derechos humanos, periodistas y
miembros de la oposición política.
Tras el fallido golpe de Estado de julio,
Turquía intensificó su represión de las voces
disidentes durante el estado de excepción.
Más de 90.000 personas empleadas en el
sector público perdieron su trabajo por tener
presuntos “vínculos con una organización
terrorista” o representar “una amenaza para
la seguridad nacional”; además, se sometió a
prisión preventiva a 118 periodistas y se
cerraron de forma arbitraria y permanente
184 medios de comunicación.
En Oriente Medio y el Norte de África, la
represión de la disidencia fue endémica. En
Egipto, las fuerzas de seguridad detuvieron,
sometieron a desaparición forzada y
torturaron a presuntos partidarios de la
organización proscrita Hermandad
Musulmana, así como a otras personas que
criticaban y se oponían al gobierno. Las
autoridades de Bahréin enjuiciaron
implacablemente a detractores del gobierno
por cargos relacionados con la seguridad
nacional. En Irán, las autoridades
encarcelaron a personas que expresaban
críticas, censuraron todos los medios de
comunicación y aprobaron una nueva ley por
la que prácticamente cualquier crítica al
gobierno y a sus políticas era susceptible de
enjuiciamiento penal.
En Corea del Norte, el gobierno intensificó
aún más la ya extrema represión que ejercía,
endureciendo su control sobre las
tecnologías de la comunicación.
En muchas ocasiones, las medidas
rigurosas no fueron más que un intento de
ocultar fracasos del gobierno, como en
Venezuela, donde las autoridades trataron de
silenciar las críticas en lugar de abordar la
intensificación de la crisis humanitaria.
Además de las amenazas y ataques
directos, so pretexto de la seguridad se
produjo un insidioso deterioro de las
libertades civiles y políticas. Por ejemplo,
Reino Unido aprobó la nueva Ley de Poderes
de Investigación, que aumentaba
significativamente las facultades de las
autoridades para interceptar comunicaciones
y datos digitales, acceder a ellos,

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conservarlos o piratearlos sin necesidad de
que existieran sospechas razonables contra
una persona. Con la introducción de uno de
los regímenes de vigilancia masiva más
amplios del mundo, Reino Unido dio un
importante paso hacia una realidad donde
sencillamente no se reconoce el derecho a la
privacidad.
Sin embargo, la erosión de los valores de
los derechos humanos fue tal vez
especialmente perniciosa cuando las
autoridades culparon a determinados “otros”
de problemas sociales reales o presuntos
para justificar sus medidas represivas. La
retórica del odio, la división y la
deshumanización desató los instintos más
sombríos de la naturaleza humana. Al atribuir
la responsabilidad colectiva de los males
sociales y económicos a grupos concretos —
con frecuencia minorías étnicas o religiosas
—, quienes estaban en el poder dieron
rienda suelta a la discriminación y a los
crímenes de odio, sobre todo en Europa y
Estados Unidos.
Una variante de esta actitud quedó de
manifiesto con la intensificación de la “guerra
contra las drogas” del presidente Rodrigo
Duterte en Filipinas, a costa de una enorme
pérdida de vidas. Tras reiteradas muestras
públicas de apoyo del presidente a la idea de
matar a quienes estuvieran supuestamente
implicados en delitos de drogas, la violencia
aprobada por el Estado y los homicidios
masivos cometidos por grupos parapoliciales
se cobraron más de 6.000 vidas.
Cuando figuras que se autoproclamaban
“antisistema” culparon a las supuestas élites,
a las instituciones internacionales y a los
“otros” de los motivos de queja sociales o
económicos, eligieron la fórmula equivocada.
La sensación de inseguridad y pérdida de
derechos —derivada de factores como el
desempleo, la inseguridad laboral, la
creciente desigualdad y la reducción de los
servicios públicos— exigían compromiso,
recursos y cambios de política por parte de
los gobiernos, no chivos expiatorios fáciles de
culpar.
Ha quedado claro que muchas personas
desencantadas en todo el mundo no

Informe 2016/17 Amnistía Internacional