La legislación y los programas de adjudicación y titulación de tierras en la región
han excluido explícita o implícitamente a las mujeres. Recientemente se han dado
algunos avances, aunque no suficientes, al reconocer tanto a mujeres como a hombres
como sujetos de los programas estatales de adjudicación de tierras independientemente
de su estado civil. En el caso de El Salvador esto ha permitido incrementar la participación
de mujeres en los programas de titulación, si bien el factor decisivo ha sido una clara voluntad por parte de la institución responsable.
Sin duda la reforma legal con mayor impacto ha sido la titulación conjunta o titulación
mancomunada a nombre de ambos miembros de la pareja. Esta medida impide que el hombre venda o alquile la tierra sin el acuerdo de la mujer y protege los derechos de herencia
de las mujeres viudas. Pero su puesta en práctica se ha enfrentado a obstáculos institucionales y culturales que han requerido esfuerzos importantes de sensibilización, tanto
hacia los funcionarios de las instituciones como hacia las familias y las propias mujeres. En
Nicaragua gracias a estos esfuerzos se logró pasar de menos de un 10% de participación
femenina en la titulación entre 1981 y 1990 a más de un 30% a partir de 1994.
En Guatemala, sin embargo, pese a que la ley de creación de Fontierras obliga a emitir los
títulos de propiedad a nombre de ambos miembros de la pareja, en la práctica la mayoría
de las adjudicaciones se realizan a través de empresas asociativas o de cooperativas cuyos
socios son casi exclusivamente hombres.

Acabar con la desigualdad
La desigualdad que afecta a las mujeres rurales centroamericanas se enmarca dentro de
un problema global de desigualdad más amplio y que se vive de forma acuciante en América Latina, la región más inequitativa del mundo, donde la riqueza extrema convive con
la extrema pobreza. Esta crisis de desigualdad es resultado del secuestro de los sistemas
democráticos por las élites económicas, que logran imponer reglas del juego favorables
a sus intereses a costa de la amplia mayoría de la población y en especial de las mujeres.
En las áreas rurales de Centroamérica el reparto de la tierra y la riqueza es cada vez más
injusto y desigual. Las familias campesinas e indígenas, que constituyen la inmensa mayoría
de la población rural y sostienen la producción de alimentos básicos, siguen siendo expulsadas de las mejores áreas de cultivo mientras que la caña de azúcar, la palma africana y las
plantaciones forestales acaparan la tierra y el agua.
En este escenario son las mujeres las que más pierden. Pese a los avances hacia una mayor
equidad de género en los ámbitos legal, político e institucional, aún pesan más las barreras
estructurales y culturales profundamente arraigadas que en la práctica las excluyen del
acceso a la tierra y otros medios para producir. Porque es fundamental reconocer que la
tierra por sí sola no basta. Sin la necesaria inversión productiva, los servicios financieros,
la asistencia técnica y el acceso a los mercados la tierra deja de cumplir su función social y
termina siendo abandonada o vendida.
Por ello una política agraria debe abordar integralmente los problemas que enfrentan las
familias campesinas e indígenas, no sólo el acceso a la tierra, y garantizar los derechos de
todas las mujeres rurales. Las siguientes son las medidas de política pública que proponen
la RECMURIC y las organizaciones de mujeres rurales campesinas e indígenas centroamericanas con el objetivo de cerrar la brecha de desigualdad.

Tierra para nosotras

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