de propiedad están a nombre de una mujer.Y en Nicaragua el 23% de las explotaciones agrícolas están manejadas por mujeres, siendo explotaciones significativamente más pequeñas que las que manejan los hombres.

Por qué es importante que las mujeres accedamos a la tierra
La falta de tierra impide a las mujeres acceder a otros recursos y servicios esenciales como el crédito y la asistencia técnica. Sin una parcela que aportar como garantía
no es posible obtener un préstamo formal. También las excluye de la mayoría de los programas estatales de inversión productiva y asistencia técnica, que a menudo exigen contar
con tierra propia donde desarrollar la producción.
Por otro lado, la tierra es uno de los principales factores que condicionan las relaciones
de poder. Se ha demostrado que una mujer sin tierra está más subordinada al hombre
y participa menos en las decisiones familiares y comunitarias. Al no contar con bienes
propios su posición de resguardo es más débil, lo que la hace más vulnerable a la violencia
machista. Por el contrario, cuando las mujeres ejercen su derecho a la tierra se ven fortalecidos otros derechos, aumenta su autoestima y la aceptación social.
Dadas las escasas posibilidades que tienen las mujeres rurales de obtener ingresos propios,
la posesión de un activo como la tierra se traduce en un cambio significativo que les permite avanzar en su autonomía económica. Se ha demostrado que esto además repercute
en el bienestar de las familias ya que cuando las mujeres deciden sobre el gasto familiar
priorizan la inversión en alimentación, salud y educación.
Pero más allá del beneficio personal y familiar, ampliar el acceso de las mujeres a la tierra y otros activos productivos, así como a la asistencia técnica y financiera mejoraría la productividad agrícola hasta un 30%, lo que ayudaría a erradicar el hambre y la pobreza rural. Permitiría
disponer de más alimentos y a menores precios en el mercado, contribuyendo a alcanzar la soberanía alimentaria.Y además mejoraría los niveles de empleo y de ingresos en las economías locales.

Políticas agrarias incompletas y con exclusión de género
Todos los países de la región a partir de la década de 1960 emprendieron procesos de
reforma agraria para facilitar el acceso de las poblaciones campesinas a la tierra a través
de dos vías principales: la adjudicación colectiva a cooperativas y asociaciones campesinas
y la adjudicación individual a familias. En ambos casos se asumió como un hecho que las
familias en su conjunto se verían favorecidas si la tierra se registraba a nombre de quien
tradicionalmente se consideraba el “jefe de familia”, es decir, el hombre. Pero descuidaron
una cuestión esencial: no sólo es importante que la familia ejerza su derecho a la
tierra; también importa quién ejerce ese derecho dentro de la familia.
En los primeros procesos de reforma agraria la participación de las mujeres fue minoritaria, apenas del 4% en Honduras o el 10% en Guatemala. En años recientes se ha buscado
ampliar el acceso de las mujeres a la tierra. Pero las medidas de inclusión llegaron demasiado tarde, cuando ya apenas quedan tierras por distribuir, y han sido muy
difíciles de implementar. Su puesta en marcha coincidió con el final de la intervención
estatal y el predominio de las reglas del mercado.
El Fondo de Tierras de Guatemala (Fontierras) es el exponente principal de una política de
acceso a la tierra dirigida por el mercado. En lugar de un mecanismo de redistribución, se
convirtió en un medio para que los grandes propietarios se deshicieran de sus peores tierras a
precio sobrevalorados que asumieron las cooperativas campesinas y posteriormente el Estado.
La gran carencia de los procesos de reforma agraria en la región es que no fueron integrales, pues la entrega de tierras no se acompañó de la necesaria inversión productiva ni

Tierra para nosotras

10