Propuestas
•

Presentar datos desagregados por sexo en los presupuestos nacionales y las
cuentas de resultados del gasto público en el ámbito agropecuario.

En los mecanismos de herencia:
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Registrar legalmente a nombre de las mujeres la parte proporcional de la tierra que le corresponde como bienes adquiridos dentro de la pareja o matrimonio.

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Proteger los derechos de las mujeres viudas junto a los derechos de los hijos.

En las organizaciones campesinas e indígenas:
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Promover la participación de las mujeres como socias en igualdad de derechos y obligaciones así como en los órganos de dirección y toma de decisiones.

•

Establecer cuotas de participación de mujeres, especialmente en los órganos
de dirección, como medida de discriminación afirmativa y mecanismos efectivos para asegurar que tienen voz y que logran influir en las decisiones.

Propuestas dirigidas al Gobierno de Guatemala
Desde la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir
denunciamos todos los errores y abusos cometidos por el Fondo de Tierras, institución
que discriminó a las mujeres sin hijos, ignoró las solicitudes de mujeres organizadas, vendió parcelas de mala calidad a precios muy por encima de su valor y no brindó apoyos de
calidad y oportunos para desarrollar proyectos productivos.
También rechazamos los programas asistencialistas y clientelares que provocan división en
nuestras comunidades y son aplicados de manera autoritaria sin tomar en cuenta nuestras
propuestas, además de ser insuficientes para garantizar el buen vivir al que nosotras aspiramos.
Como alternativa, definimos los siguientes planteamientos dirigidos al Gobierno de la República de Guatemala:

Tierra para nosotras

•

Aprobar y dotar de presupuesto una Política pública de acceso a la tierra para mujeres campesinas e indígenas, con mecanismos específicos, que atienda verdaderamente nuestra demanda de tierras para lograr la soberanía alimentaria. Esta política tiene que
adjudicar terrenos fértiles, a precios simbólicos que no dependan de las reglas del mercado,
con subsidios suficientes para la producción, acompañamiento jurídico y acceso a caminos y
mercados.

•

Anular las licencias a megaproyectos agrícolas, hidroeléctricos y de minería que
amenazan la vida en nuestras comunidades porque destruyen la naturaleza, generan
conflictos y dan lugar a graves problemas sociales y de seguridad. Exigimos que se
reconozcan y respeten las decisiones de las comunidades expresadas a través de las
consultas comunitarias de buena fe. Rechazamos las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia a estos proyectos y exigimos la anulación de órdenes de captura y la liberación de todos los presos políticos.

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Desarrollar el derecho agrario y la institucionalidad agraria que permitan avanzar en
la seguridad jurídica sobre el acceso a la tierra más allá de la propiedad particular,
que en muchos contextos facilita el acaparamiento y la reconcentración de la propiedad.

•

Identificar a nivel municipal cuáles son las tierras en desuso o que se encuentran bajo
un proceso de extinción de dominio, para que los gobiernos municipales puedan adjudicarlas o cederlas en comodato a mujeres y organizaciones de mujeres campesinas e indígenas.

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