Introducción

E

l manejo del Fondo Indígena marca un
hito fundamental en la marcha del
denominado “Proceso de Cambio”
liderado por el presidente Evo Morales Ayma.
No es un hecho de corrupción más. Si bien
durante la década que va desde principios de
2006 (Evo Morales asumió la presidencia el
22 de enero de 2006), la corrupción fue un
dato constante denunciado siempre por UN –
con ejemplos como el caso de los 33 camiones
que involucró a Juan Ramón Quintana, los
delitos en YPFB de Santos Ramírez, el despilfarro en el Programa Evo Cumple, el contrato
de catering en BOA a favor de familiares del
vicepresidente García Linera -, es evidente
que en esta oportunidad hay un distintivo
sobresaliente que no se vio en anteriores ocasiones: las denuncias involucran a los principales líderes sindicales indígenas-campesinos
que apoyan al MAS, al gobierno del cambio y
a Evo Morales y, además, la denuncia proviene de un indígena: el diputado Rafael Quispe.1
No se trata de una conspiración orquestada por alguna fracción secesionista del oriente, ni del secular “odio al indio” de parte de
una oposición criolla que no quiere perder
sus cuotas de poder así como tampoco de un
plan pergeñado inescrupulosamente por el

Imperio para derrotar a Evo Morales. No,
quien dio la voz de alerta fue un aymara, convencido, por sí mismo, de que el Fondo estaba siendo utilizado de manera ilegal, perjudicando esta valiosa oportunidad que se ha
tenido en nuestra historia para alentar el
desarrollo campesino e indígena y, en particular, la economía comunitaria, tal como lo
manda la nueva Constitución Política del
Estado promulgada en 2009.
Es pues el mismo espíritu de la Asamblea
Constituyente, que vio de modo pertinente la
histórica necesidad de fortalecer a las naciones indígenas, lo que está en juego. Se vulnera el corazón mismo del nuevo texto constitucional, fruto de las luchas campesinas e
indígenas: la posibilidad de consolidar la
plurinacionalidad. Por esa razón, el razonamiento ha sido inequívoco: una rosca, a nombre de los indígenas, resaltando las virtudes
del “proceso de cambio” y dando al Presidente
Morales su absoluto respaldo en las calles y
en las urnas, se viene aprovechando de estos
recursos para sus propios intereses. Es pues
fundamental comenzar este trabajo partiendo
de la tesis que guía sus páginas:

El descalabro del Fondo Indígena no representa
la derrota del movimiento campesino-indígena

1 El diputado Rafael Quispe emprendió esta tenaz lucha con la colaboración decidida del abogado Eduardo León. Para este último era
necesario tomar el caso sin temor alguno dada la gravedad de lo acontecido. De acuerdo a su declaración, “el Fondo Indígena debe
ser investigado. Marca un hito substancial. Resulta ser para el MAS lo que en su momento fue para el MNR el “Caso Huanchaca” o
para el MIR el “Caso Narcovínculos”, una marca inolvidable de la corrupción en la que se hunde el gobierno” (comunicación con el
abogado León del 18 de diciembre de 2015). En suma, Rafael Quispe y Eduardo León como la parte querellante en el proceso instaurado ante el Ministerio Público han logrado transparentar el caso ante la ciudadanía. Asimismo, mediante la prestación de pruebas
ante la opción pública han conseguido que el ciudadano pueda acceder a información transparente sobre el tema.

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