La verdad sobre el Fondo Indígena, Un modelo “vicioso” de gestión pública

da de las dirigencias para que se le entregara
dinero directamente a ellas. La prueba de esta
afirmación la constituye el hecho de que el
94,2% del dinero desembolsado por el Fondo
(685.866.306 bolivianos o 99.545.182 dólares) se haya transferido a cuentas privadas.
En otras palabras, el Estado, que para entregar a sus propias reparticiones sumas insignificantes exige interminables trámites y requisitos, en este caso confió a personas particulares casi cien millones de dólares. (No “dos
milloncitos”, señor Presidente).
¿Puede esperarse que estas personas gasten responsable y eficientemente esta gran
suma de dinero? ¿Por qué habríamos de esperar eso, si el propio Vicepresidente señaló
que son “ingenuos” y “no tienen experiencia”? ¿Por qué esperar eso si el mismo
Ministro de la Presidencia dijo que el darles
directamente ese dinero fue una especie de
“trampa” para destruir al movimiento indígena? (Una trampa, claro, que pusieron las
autoridades de este Gobierno a los indígenas). ¿Cómo esperar eso si el 30% se gastó en
talleres de capacitación de líderes y/o fortalecimiento comunitario sin que se tenga claridad sobre los participantes, tópicos desarrollados y, sobre todo, los resultados logrados?
¿Si otros proyectos son directamente electorales y claramente destinados a fortalecer la
imagen del Presidente? ¿Si entre los proyectos hay algunos que simplemente llevan a la
risa, como los que intentan convertir a campesinos en pescadores y a los indígenas que
viven en la selva en artesanos?
¿Por qué entonces se ha entregado esta
plata? Porque los “ingenuos” e “inexpertos”
dirigentes la exigieron como botín de guerra,
con propósitos claramente corruptos. Por eso
se sacó de en medio a las ONG y a los municipios, que eran las instituciones naturales
para llevar a cabo la obra del Fondo. Muchos
somos testigos de las constantes quejas de los
dirigentes en contra de las ONG, porque
supuestamente el trabajo de estas “no llega”
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a la gente de base. En realidad, lo que estos
dirigentes quieren decir es que el dinero no
llega a sus bolsillos. Todos los gobiernos
democráticos han resistido la presión de
entregar a estos dirigentes el dinero de cooperación, porque sabían qué había detrás de
este “anhelo”. Solo el Gobierno de Morales
ha sido tan irresponsable y demagógico como
para hacerle caso a las dirigencias ansiosas
de “aprovechar el momento” en que los
“suyos” estaban en el poder. La corrupción
no es, por tanto, un resultado inesperado, sino
inevitable de la forma en que se procedió. Tal
es el modelo vicioso de gestión del Fondo.
Los responsables de este modelo no son
solamente los técnicos que trabajaban en esta
institución, como nos quieren hacer ver los
miembros del Gobierno, lavándose las manos.
La responsabilidad política, institucional y
legal corresponde a los que autorizaron que
esta maquinaria funcionara, pusieron a una
mujer de confianza, la exministra Nemesia
Achacollo, a cargo de la misma, y exigieron
que se entregara el dinero “lo más rápido
posible”, faltando a su deber de precautelar
los intereses y el patrimonio del Estado. Los
mismos que ahora confiesan indirectamente
su culpabilidad al proteger a Achacollo de la
fiscalización de la Asamblea Legislativa y la
justicia, al minimizar la culpa de los dirigentes, al esconder el verdadero tamaño y la
verdadera extensión del desfalco (que no solo
fue protagonizado por un puñado aislado de
personas, sino por la mayoría de los dirigentes rurales del MAS, incluyendo senadores,
exministros, etc.), y al tratar de atribuir la
situación a una “conspiración neoliberal”,
algo en lo que ya nadie cree.
El escándalo del Fondo es el mayor y
más abierto y ramificado caso de corrupción
de este siglo. Este documento deja constancia del mismo para provecho de los que, en
el futuro inmediato, tengan la obligación de
esclarecerlo y sancionar a todos sus responsables.