La verdad sobre el Fondo Indígena, Un modelo “vicioso” de gestión pública

• Se niega la posibilidad de modificar las
fórmulas de distribución de los recursos
con elementos técnicos que otorguen
dinero para los más pobres o los más eficientes y no para los aliados (se requieren
criterios fiscales de equidad y de eficiencia fiscal).
• Se reitera la invisibilización de la estructura autonómica que debería servir para
lograr inversiones concurrentes de los
municipios y gobernaciones con los pueblos indígenas
• Se consolida la atomización en la inversión pública que hasta el presente benefició proyectos de menos de un millón de
bolivianos, incapaces de generar sólidos
impactos en los pueblos indígenas.
• Se mantiene la distancia que se ha ido
generando entre las organizaciones matrices beneficiarias de las transferencias del
Fondo y las organizaciones campesinas
de base territorial: comunidades campesinas y pueblos indígenas.
• Se desconoce la necesidad de contar con
una instancia de monitoreo permanente

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de los proyectos, tarea que podría lograrse con menor dificultad si se contara con
indicadores creados para este propósito.
Estos elementos de análisis permiten sentar
la última tesis de este reporte:
El problema del Fondo no se va a resolver ejecutando medidas técnicas ornamentales. El gobierno de Evo Morales no tiene la
voluntad de resolver un asunto que no es
menor. Esa falta de voluntad se observa en
su desinterés no sólo por hallar a los culpables de más alto nivel (ésta es la intención
más obvia y mediática, pero no la más
importante), sino por ofrecer una verdadera
reestructuración del Fondo. El Fondo fue
creado como una herramienta para solidificar lazos de lealtad político-electoral y a
pesar de algunas televisivas demostraciones
de súbita transparencia de parte del gobierno, lo cierto es que no hay un plan medianamente trabajado para hacer trabajar esta
institución como una sólida armazón para
luchar por el desarrollo de los campesinos y
pueblos indígenas.