La verdad sobre el Fondo Indígena, Un modelo “vicioso” de gestión pública

No hay pues voluntad política ni nunca la
hubo según el diputado Quispe: “esta denuncia tiene operadores que incluyen al propio
presidente del Estado, Evo Morales, quien
conocía desde octubre de 2011 de las irregularidades en el Fondo Indígena, sin que haya
hecho en absoluto nada para frenar estos
actos ilícitos y por el contrario “socapó y
encubrió” la conversión de los dirigentes y
autoridades públicas, al colmo de haber preferido “guardar silencio y no seguir hablando
de este caso, menos denunciar”.45
Finalmente tanto los “útiles” informes de
la Contraloría y de la interventora no
suplen, no deberían hacerlo, la necesidad
de realizar una auditoría externa del
Fondo. Objetivo que al no estar
contemplado denota la poca voluntad del
gobierno de dilucidar este caso.
El dirigente social y representante del Control
Social al Órgano Judicial, Marco Castillo,
preguntó por qué no hay una auditoría del
caso Fondo Indígena para determinar si existe o no delito, porque en su criterio hasta
ahora “los administradores de justicia han
sido buenos para dañar a los campesinos
diciendo que son corruptos”.46 La argumentación de Castillo apunta al meollo del asunto:
¿por qué sólo dirigentes menores empiezan a
ser encerrados en la cárcel y no los grandes?
Tampoco el asunto se soluciona metiendo a
la cárcel a dirigentes de cierto peso como
Julia Ramos ex ministra de Justicia. Eso
parece ser más parte de un acto publicitario
de cara al referéndum del 21 de febrero de
2016, que un intento serio de solucionar el
problema. Éste se esclarecería poniendo en
marcha una auditoría externa completa.

Corroborando la tesis previa, se verifica
que no hay voluntad certera de hacer
justicia en este caso. La prueba más
fehaciente reside en el estado del proceso
jurídico hoy en día, fragmentado en 69
instancias a lo largo de todo el país.
La investigación del Fondo Indígena está
dispersa en 69 procesos, señalaron el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael
Quispe y el abogado Héctor Castellón, quienes sugieren unirlos en uno solo. El legislador opositor sostiene que ante la dificultad
que tiene él de trasladarse de un departamento a otro como acusador, se debe concentrar
la investigación en la sede de Gobierno.
Sostiene que la complejidad del caso del ex
Fondo se complica mucho más si es investigado por 69 representantes del Ministerio
Público, cuando lo correcto sería que esté en
manos de una comisión de fiscales.47
No es sólo un asunto jurídico. En verdad,
no hay una firme convicción en las
autoridades de turno de que el problema
es grave. Se ve las irregularidades como
cuestiones de mala voluntad a resolverse
cambiando a las autoridades.
En el libro Fondo Indígena, La gran estafa
se parte de una tesis muy clara: “El 78 % de
los proyectos conciernen a las organizaciones del Pacto de Unidad, es decir, campesinos, bartolinas e interculturales”.48 Forman
parte de los “movimientos sociales” del
MAS. Vale decir, no se trata de irregularidades personales, sino de deterioro de los mismos movimientos sociales y sus respectivas
organizaciones, cooptados por el gobierno.
No es pues un asunto personal sino institu-

45 Comunicación personal con el diputado Quispe del 27 de diciembre de 2015.
46 Página Siete, “Dirigente pide indagar a Herbas y al ministro Arce por caso Fondioc”, del 29 de diciembre de 2015.
47 El Día, “Sugieren unir en uno los 69 procesos del ex Fondioc”, del 30 de diciembre de 2015.
48 Manuel Morales (compilador), ob.cit., p. 95

40