Fundación Pazos Kanki

se tiene una cifra oficial. El diputado Quispe
y el abogado León consideran que entre el 66
al 80% de los proyectos carecen de estudios
de factibilidad. Fueron aprobados con total
ligereza, al calor de las presiones políticas.
Y, finalmente, la capacidad técnica en
términos de recursos humanos del Fondo
Indígena impidió contar con suficiente personal para hacer una supervisión adecuada a los
proyectos. Por ejemplo, de 2010 a 2011 sólo
se puso hacer seguimiento a 160 proyectos de
un total de 3.460 proyectos presentados. Eso
equivale a supervisar únicamente un 4,6% de
los proyectos aprobados, quedando un 95,4%
sin ser supervisados.
En resumen, el Fondo Indígena contaba y
cuenta aún hoy con todos los elementos
como para funcionar con la ineficiencia
demostrada:
• manejo discrecional de los recursos
públicos.
• excesiva presión política (y necesidad de
contentar a diversos líderes con la mayor
prisa) que hacía necesario el incumplimiento de los requisitos mínimos de solidez técnica (presupuesto, beneficiarios,
factibilidad, etc.).
• Absoluta debilidad en la supervisión de
los proyectos por falta de personal técnico encargado de ello (aunque en este caso
es preciso cuestionarse si el descontrol
administrativo era consecuencia de la
falta de personal o es que la falta de personal era la consecuencia del descontrol
administrativo).
Una vez llegados a este punto es preciso
enfatizar una tesis fundamental de este trabajo, que tiene que ver con la razonable duda
del diputado Quispe y el abogado Eduardo
León:
Los seis tipos de proyectos aquí enunciados como proyectos clientelares, fantasmas,
sin información, políticos/electorales y oligárquicos, todos se pueden ejecutar cum-

pliendo plenamente la ley. Los proyectos
clientelares que suponen dar recursos a los
aliados y no a los opositores, cumplen la ley.
Los proyectos fantasma, una vez que re-aparezcan (de una u otra manera el gobierno hará
lo posible por que aparezcan), cumplen la
ley. Sucede lo propio con los proyectos sin
información. Una vez se sepa qué sucedió,
todo será lícito, cumpliendo la ley. Los proyectos político-electorales la cumplen en la
medida que se camuflan en supuestos proyectos legales. Los proyectos oligárquicos
suponen que aunque las comisiones fluyan
clandestinamente, se cumple la ley. Y los
proyectos extravagantes sirven para recordarnos el grado de descaro al que se puede llegar
y se ha llegado. Vale decir, el mayor problema no es la corrupción en sí misma. No, lo
peor es que aun cumpliendo la ley, los proyectos son de dudosa o ninguna repercusión.
Aun de regularizarse todo (lo que es un escenario probable), lo que en verdad se requiere
no es sólo una auditoría total –algo que ni por
asomo acometió la Contraloría– sino una
evaluación de impacto.
En suma,
• Los proyectos que presentan irregularidades representan un total de 67,5%, frente
a poco menos de un tercio (32,5%) de
proyectos regulares. La mayoría presenta
problemas.
• De acuerdo a los informes, los proyectos
observados pueden ser más o menos. De
acuerdo a la Contraloría, son 153 los proyectos comprometidos por un valor de
71.000.000 bolivianos; de acuerdo a la
interventora son 743 los proyectos observados por un valor de 102.253.728 bolivianos; y de acuerdo al diputado Quispe
y el abogado León los proyectos en duda
son 1.032 por un monto de 1.258.871.000
• Los datos que ofrece el gobierno no coinciden. De acuerdo al informe presentado
por la ministra Achacollo en la interpelación a su gestión del Fondo, este manejó
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