EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las reformas de las pensiones afectan a millones de ciudadanos (hoy a más de 9 millones de
pensionistas y sus familias) durante décadas. Resulta por ello importante acordarlas en el Pacto
de Toledo y con los agentes sociales, para dotarlas de estabilidad. En consecuencia, el
procedimiento lógico consiste en intercambiar previamente ideas y propuestas, alcanzar
acuerdos y plasmarlos finalmente en el BOE. En la reforma que se nos propone, se ha procedido
exactamente al revés. Se tiende aparentemente la mano para negociar, pero con los textos ya
previamente publicados en el BOE. El procedimiento no puede ser, por tanto, peor y más ajeno al
espíritu del Pacto de Toledo. Ello dificulta hasta casi imposibilitar la negociación, pues se abre un
debate previamente cerrado, con unos resultados esencialmente predeterminados.
Los Presupuestos Generales para 2014 incorporan ya la mínima subida posible para las
pensiones, del 0.25%. El ministro de Hacienda deja poco o ningún margen para negociar esta
decisión. Se parte, por tanto, de un resultado predeterminado.
La decisión anterior constituye, en opinión de UPyD, un grave error también desde otro punto de
vista. Lo que debería de ser una reforma estructural a largo plazo, debatida y asumida con calma
por el conjunto de la sociedad, se adopta como una medida presupuestaria de ahorro a corto
plazo. Con ello, se confunden los problemas y se deslegitima la reforma desde su origen.
Por otro lado, resulta difícil generar confianza, o negociar de buena fe, si la discusión no se basa
en premisas verdaderas. El gobierno sigue insistiendo en la absurda proposición de que una
subida de las pensiones del 0.25%, con un incremento de precios previsto en el Programa de
Estabilidad del 1.6%, no implica una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Una
afirmación sólo equiparable a la de que el rescate masivo con dinero público de las Cajas de
Ahorros quebradas no supondrá ningún coste para los contribuyentes.
Sin embargo, las evidencias acumuladas en sentido contrario son abrumadoras. La propia
Memoria de impacto normativo, remitida al CES junto al anteproyecto de Ley, estima (bajo
supuestos muy conservadores) un ahorro de 33.000 millones como consecuencia de la reforma.
¿Cómo es posible que se produzca, si no es a costa de los pensionistas? Además, las previsiones
de inflación contenidas en el Programa de Estabilidad para 2014, 2015 y 2016 son del 1.6%, 1.7%
y 1.8%, respectivamente. Filtraciones a la prensa de documentos internos del Ministerio, y el
propio sentido común, hacen esperar revalorizaciones mínimas del 0.25% al menos durante los
próximos 6 años. La pérdida de poder adquisitivo se irá acumulando año tras año.
Se parte, por tanto, de un procedimiento incorrecto, con un resultado básicamente
predeterminado y no diciendo la verdad sobre las consecuencias reales de lo propuesto.

Congreso de los Diputados, extensión 5927