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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, a instancia de su
portavoz Dña. Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad la Proyecto de Ley
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones
de la Seguridad Social (Núm. expte. 121/000068)

Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2013

Dña. Rosa Díez González
Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Congreso de los Diputados, extensión 5927

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las reformas de las pensiones afectan a millones de ciudadanos (hoy a más de 9 millones de
pensionistas y sus familias) durante décadas. Resulta por ello importante acordarlas en el Pacto
de Toledo y con los agentes sociales, para dotarlas de estabilidad. En consecuencia, el
procedimiento lógico consiste en intercambiar previamente ideas y propuestas, alcanzar
acuerdos y plasmarlos finalmente en el BOE. En la reforma que se nos propone, se ha procedido
exactamente al revés. Se tiende aparentemente la mano para negociar, pero con los textos ya
previamente publicados en el BOE. El procedimiento no puede ser, por tanto, peor y más ajeno al
espíritu del Pacto de Toledo. Ello dificulta hasta casi imposibilitar la negociación, pues se abre un
debate previamente cerrado, con unos resultados esencialmente predeterminados.
Los Presupuestos Generales para 2014 incorporan ya la mínima subida posible para las
pensiones, del 0.25%. El ministro de Hacienda deja poco o ningún margen para negociar esta
decisión. Se parte, por tanto, de un resultado predeterminado.
La decisión anterior constituye, en opinión de UPyD, un grave error también desde otro punto de
vista. Lo que debería de ser una reforma estructural a largo plazo, debatida y asumida con calma
por el conjunto de la sociedad, se adopta como una medida presupuestaria de ahorro a corto
plazo. Con ello, se confunden los problemas y se deslegitima la reforma desde su origen.
Por otro lado, resulta difícil generar confianza, o negociar de buena fe, si la discusión no se basa
en premisas verdaderas. El gobierno sigue insistiendo en la absurda proposición de que una
subida de las pensiones del 0.25%, con un incremento de precios previsto en el Programa de
Estabilidad del 1.6%, no implica una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Una
afirmación sólo equiparable a la de que el rescate masivo con dinero público de las Cajas de
Ahorros quebradas no supondrá ningún coste para los contribuyentes.
Sin embargo, las evidencias acumuladas en sentido contrario son abrumadoras. La propia
Memoria de impacto normativo, remitida al CES junto al anteproyecto de Ley, estima (bajo
supuestos muy conservadores) un ahorro de 33.000 millones como consecuencia de la reforma.
¿Cómo es posible que se produzca, si no es a costa de los pensionistas? Además, las previsiones
de inflación contenidas en el Programa de Estabilidad para 2014, 2015 y 2016 son del 1.6%, 1.7%
y 1.8%, respectivamente. Filtraciones a la prensa de documentos internos del Ministerio, y el
propio sentido común, hacen esperar revalorizaciones mínimas del 0.25% al menos durante los
próximos 6 años. La pérdida de poder adquisitivo se irá acumulando año tras año.
Se parte, por tanto, de un procedimiento incorrecto, con un resultado básicamente
predeterminado y no diciendo la verdad sobre las consecuencias reales de lo propuesto.

Congreso de los Diputados, extensión 5927

Respecto al contenido de la propuesta, para UPyD es importante distinguir los dos componentes
que la integran, es decir, el llamado Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización.
En cuanto al Factor de Sostenibilidad, su propósito es tener en cuenta la evolución de la
esperanza de vida en la cuantía inicial de las pensiones. Se trata de un objetivo en principio
razonable. Es difícil desvincular el futuro del sistema de pensiones de dicha variable. El Pacto de
Toledo ha adoptado en el pasado resoluciones en ese sentido, la Ley 27/2011 lo contemplaba
(aunque sin definirlo), y también lo hizo la postura de UPyD en el debate de dicha Ley. Se trata de
un componente sobre el que sería posible negociar.
No obstante, su diseño no está exento de problemas. La esperanza de vida media encubre
esperanzas de vida diferentes para distintas profesiones, o niveles de renta, que puede dar un
carácter regresivo a la propuesta. Y, en vez de utilizar el año inicial y el final del quinquenio para
calcular el aumento de la esperanza de vida, sería mejor utilizar una media móvil, lo que reduciría
la volatilidad de los cálculos.
Como el efecto de esta medida será paulatino y sólo entrará en vigor en 2019 (adelantando así su
entrada respecto al año 2027 inicialmente contemplado) sería imprescindible analizar con
cuidado estas cuestiones, mediante un Libro Blanco en el que interviniesen los organismos
ministeriales implicados, expertos independientes, partidos políticos y agentes sociales. Es decir,
para que UPyD pudiese apoyar este componente haría falta tiempo, un estudio más profundo,
una mejora de su diseño y que se separase en un Proyecto de Ley este primer componente del
segundo. Ninguna de estas condiciones se cumple, ni es previsible que se vaya a cumplir. De ahí
nuestro rechazo.
El segundo componente de la reforma es el Índice de Revalorización anual. En principio,
establecer la necesidad de cumplir una restricción presupuestaria que relacione gastos e ingresos
resulta aceptable. El problema es que a la restricción presupuestaria se le incorporan una serie de
características añadidas que hacen que, de los posibles escenarios a que podría conducir,
desemboque inexorablemente en uno: la pérdida continuada de poder adquisitivo de los
pensionistas.
Se le fijan a la fórmula unos topes máximo y mínimo que no son simétricos. En los años de
bonanza, pueden ganar un 0.25% sobre la inflación medida por el IPC. En los años malos, se les
revalorizará no un 0.25% por debajo de la inflación, sino un 0.25% sobre cero. Por ejemplo, con
una inflación del 2% (el objetivo de inflación del BCE para la zona euro) y una revalorización
mínima del 0.25%, perderían en un año 1.75 puntos de poder adquisitivo. Se necesitarían 7 años
consecutivos “buenos” para recuperarla. Los dados están trucados.

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El cálculo del índice utilizará 11 años (cinco pasados conocidos, el actual y cinco futuros). Habrá
que realizar previsiones sobre 6 años (el actual no concluido y 5 futuros). ¿Quién y cómo las
realizará? Una pregunta fundamental en vista de la total ausencia de organismos independientes
en nuestro país (recuérdese lo sucedido en la CNMV, la nueva CNMC, el defectuoso diseño de la
Autoridad “independiente” de responsabilidad fiscal…).
La entrada en vigor es inmediata, como arriba se comentó, haciendo primar el ahorro
presupuestario a corto plazo sobre cualquier otra consideración.
Se trata de un índice con una formulación compleja, que es difícil que pueda realizar el papel que
cumplía el IPC como guía de la evolución de las pensiones.
Por último, pero no menos importante: que los gastos han de adecuarse a los ingresos no implica
necesariamente que el ajuste haya de producirse rebajando aquéllos, tomando a éstos como
dados. Esa es la lectura del Gobierno, pero los ingresos son una variable endógena, es posible
actuar sobre ellos. Y la fórmula incorpora como ingresos del Sistema no sólo las cotizaciones,
también los provenientes de los impuestos generales.
El enfoque de UPyD es exactamente contrario al del Gobierno. Lo que tenemos que preguntarnos
como sociedad es qué nivel de gasto hemos de dedicar a los pensionistas (habrá de ser
necesariamente mayor en una sociedad progresivamente envejecida) y reflexionar a
continuación cómo dotar al Sistema de los recursos que permitan hacer frente a esas mayores
necesidades.
Los ingresos del sistema representan hoy en España en torno al 10% del PIB. Las previsiones, y el
comportamiento pasado, no hacen esperar que vaya a separarse demasiado de ese nivel sin
decisiones políticas que lo permitan. El gasto, hoy cercano a los ingresos, se dispararía hasta un
máximo del 14% del PIB en el año 2050, según las previsiones que el gobierno español envió a la
Comisión europea al aprobarse la Ley 27/2011.
El reto que se nos plantea como sociedad consiste, por tanto, en aumentar 4 puntos del PIB los
recursos del Sistema. A primera vista puede parecer un reto imposible (estamos hablando de
unos 40.000 millones de euros actuales). Sin embargo, para UPyD es un reto complicado pero
realizable. Otros países de nuestro entorno, más avanzados en el proceso de cambio
demográfico, gastan ya cuantías similares a las planteadas. Se trataría de acercarnos al
comportamiento medio de la Unión Europea. Se trata de un esfuerzo transitorio, que durará en
torno a dos décadas (la de los 30 y 40 de este siglo) pues la pirámide demográfica no va a
mantenerse permanentemente invertida. Y el propio cambio demográfico liberará parte de los

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recursos necesarios. Por ejemplo, en una sociedad envejecida y con escasez de mano de obra no
gastaremos en desempleo los 3 puntos del PIB actuales, y no gastaremos lo mismo en educación
infantil o primaria… Además, se trata de un aumento progresivo, paulatino, a lo largo de 4
décadas, no inmediato.
Sobre el aumento de ingresos, sin embargo, la propuesta del Gobierno guarda silencio, lo que
contrasta con el grado de detalle con que se abordan otras cuestiones. UPyD no puede apoyar
una propuesta que no sea igual de explícita y detallada respecto a este componente fundamental
del diseño futuro.
No debe olvidarse que se están tomando decisiones que van a afectar hoy a más de 9 millones de
pensionistas y sus familias. Unos pensionistas que han cotizado en el pasado, que ya no tienen
capacidad de reacción, que en muchos casos cobran pensiones modestas y que están
proporcionando a centenares de miles de familias su única fuente de renta, por estar hijos y
nietos en el paro.
UPyD no puede apoyar un Proyecto de Ley que incorpora todos los graves defectos citados y que
no goza del mínimo respaldo social que sería imprescindible. Todo lo contrario, parece haber
conseguido no contentar a nadie, excepto al partido que sustenta al Gobierno. Incluso este apoyo
resulta sorprendente, pues en el Programa Electoral con el que ganó las elecciones se decía: “El
Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones”.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice
de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social

Congreso de los Diputados, extensión 5927