Aunque un análisis profundo de la situación, exigiría efectuar modelos econométricos
para revisar, entre otros muchos aspectos, la correlación entre precios, PIB, ingresos
medios, evolución de la población y hogares, costo de la tierra, evolución del mercado
de alquiler, valor del canon de arrendamiento, disponibilidad crediticia, tasas de
interés, incentivos tributarios, limitaciones normativas al uso de la tierra, deflactores y
diferentes técnicas estadísticas; debemos señalar que las cifras oficiales antes
analizadas, demuestran que el incremento en los precios que se vienen registrando en
los últimos años en el mercado de la vivienda nueva, arrastrando obviamente los
precios de la vivienda usada, muestran claros signos de desbordamiento frente a la
capacidad de pago de la población, por lo que roguemos que el mercado permita un
ajuste gradual, sin dramáticas caídas que deterioren peligrosamente las expectativas y
afecten el comportamiento general de la economía.
Así las cosas, es irrebatible la importancia de anticiparse y blindar a la economía, ante
la posibilidad de enfrentar una nueva crisis en el sector de la construcción inmobiliaria,
pero muy a pesar de la situación que se vislumbra, el gobierno no quiere aceptar el
riesgo que distintos indicadores están manifestando, ignorando las evidentes señales
de alarma en relación con la posible formación de una nueva burbuja inmobiliaria y ha
buscado retardar la debacle con medidas fiscales y subsidios crediticios para
fortalecer artificialmente la inversión inmobiliaria en viviendas con altos precios,
absolutamente alejados de la realidad económica, situación que encuentra un caldo de
cultivo abonado por las expectativas alcistas y el crecimiento dinámico de una
demanda por factores demográficos, que en últimas han contribuido al crecimiento y
consolidación de las utilidades de la entidades financieras y sobretodo del gremio
constructor que ha aprovechado muy bien su actual bonanza obteniendo jugosas
utilidades.
Es claro que la vivienda no es solamente un activo de inversión para especuladores y
rentistas, sino fundamentalmente un activo que suministra calidad de vida, porque
tiene un enorme significado de seguridad y fortaleza patrimonial para la mayoría de
hogares que pueden acceder a una vivienda propia, en un país como Colombia donde
un exagerado porcentaje de la población se ve obligado a arrendar su techo.
Sin embargo, ante las alarmas de la posible formación de una burbuja inmobiliaria, el
gobierno debe actuar en consecuencia, buscando correctivos que fortalezcan al
comprador, como garantías de tasas de interés bajas durante toda la vida del crédito,

 

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