se mejorarán las posibilidades de que el país alcance en tiempo y forma sus metas en
materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y se propiciarán
menores tarifas eléctricas en beneficio de la población.
Un tercer resultado positivo de la reforma en el sector eléctrico se producirá como
consecuencia de las leyes que impongan obligaciones en materia de energías limpias,
competencia y servicio público y universal. La posibilidad de que las leyes establezcan
obligaciones especiales en materia de competencia asegurará que el proceso competitivo
avance de manera correcta y sin distorsiones indebidas. Por su parte, los usuarios del
sistema eléctrico se beneficiarán del establecimiento de obligaciones particulares que
aseguren que los fines del servicio público y universal se sostengan, y puedan recibir el
apoyo de los nuevos participantes privados.
La experiencia internacional muestra que puede haber una reducción significativa de
pérdidas de 10% o más en distribución como resultado de la reestructuración del sector.
Con base en las experiencias en varios países de América del Sur, se espera que la
reforma permita reducción de pérdidas para la CFE a los estándares internacionales en
un periodo de 5 a 8 años, mediante la implementación de un esquema de regulación
basado en resultados.
Cabe señalar que se estima que estas reducciones producirán ahorros importantes a finales
de esta década, lo cual repercutirá en tarifas eléctricas menos gravosas para los usuarios.
En el caso de la CFE, uno de los retos más importantes que afrontamos es revertir el
deterioro creciente del patrimonio del organismo. El modelo propuesto en la presente
iniciativa apunta en esa dirección.
Finalmente, se prevé que el Congreso de la Unión establezca la legislación secundaria
que permita la aplicación efectiva de las reformas, mismas que determinarán el régimen
jurídico bajo el cual podrán participar los sectores público, social y privado en las
actividades en que sea permitido.
En suma, la reforma que se somete a consideración de esa Honorable Asamblea tiene
por objeto dotar al Estado mexicano de un marco constitucional que responda a los retos
que enfrenta nuestro país en materia energética, que, al mismo tiempo que mantiene
intactos sus derechos de propiedad y rectoría, le permitirán el mejor aprovechamiento de
sus recursos naturales y la participación de los sectores social y privado en actividades
productivas. Se trata, como se ha señalado, de una iniciativa que pretende retomar las
reformas impulsadas en esta materia por el Presidente Lázaro Cárdenas, a efecto de
lograr mejores precios en los energéticos en beneficio de los mexicanos y de nuestra
economía.
De merecer la aprobación del Constituyente, corresponderá al Congreso de la Unión
expedir la legislación secundaria que desarrolle los mecanismos necesarios para
concretar los objetivos planteados y que garanticen que las actividades de la industria se
lleven a cabo bajo los principios de desarrollo incluyente, la transparencia, sustentabilidad
y protección al medio ambiente.
Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de
esa Soberanía, la siguiente iniciativa de