Soberanía plantea abrir un mercado de generación para disminuir los costos sin que el
Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de
transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la
productividad nacional y el bienestar social. Permitir la generación de energía eléctrica
por parte de particulares, facilitará dar a los mexicanos y a los sectores público, privado y
social energía más barata.
Por lo expuesto, en materia de electricidad, la iniciativa de reforma constitucional pretende
generar un marco constitucional idóneo para que, en atención al interés general, se
desarrolle un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos,
impulsado conjuntamente por la CFE y por particulares, bajo la conducción del Estado,
tal y como lo marcaba el espíritu de las reformas legales realizadas por el Presidente
Lázaro Cárdenas.
En consonancia con las leyes del periodo cardenista, se trata de una reforma cuyo fin
último es reducir los costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, de
tal manera que se disminuyan las tarifas eléctricas en beneficio de la población y de la
industria.
Con las reformas propuestas se pretende establecer las bases constitucionales para
prever en la legislación secundaria un modelo que se sustenta en los siguientes
elementos básicos, que garantizan tanto el desarrollo del sistema eléctrico nacional como
el control del Estado sobre dicho sistema:
a) Se reserva al Estado el control del sistema eléctrico nacional, asegurando que el
desarrollo de las centrales eléctricas de generación, de la red nacional de
transmisión y de las redes generales de distribución tenga lugar de manera
eficiente y armónica, que responda a las necesidades de todos los participantes,
públicos y privados y atienda los intereses fundamentales de los usuarios. Lo
anterior permitirá que, conforme a las mejores prácticas internacionales, se
garantice un despacho eléctrico eficiente de la energía generada por las centrales
eléctricas, bajo principios de imparcialidad e independencia, aprovechando la
energía de menor costo en beneficio de los usuarios. Del mismo modo, el Estado
contará con las facultades necesarias para regir la expansión de las redes de
transmisión y distribución y, en general, para intervenir conforme a las mejores
prácticas internacionales y asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad,
sostenibilidad y eficiencia del suministro del servicio eléctrico a la población.
b) Se mantiene la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y
distribución eléctrica, a la vez que se reitera su carácter de servicio público. Bajo
este marco constitucional la red de transmisión y las redes de distribución de la
Comisión Federal de Electricidad que actualmente se encargan de proveer estos
servicios públicos, se mantendrán bajo propiedad del Estado. Adicionalmente, la
nueva redacción constitucional permitirá, conforme a las bases que se
establezcan en las leyes, que dicha Comisión celebre contratos con particulares.
De esta manera, la titularidad de esas actividades a cargo del Estado no será
obstáculo para que su organismo operador pueda auxiliarse de terceros para
lograr los fines del servicio público.
Este esquema incentiva la productividad, la competencia y la reducción de costos en
beneficio de la industria y de los usuarios del servicio eléctrico. En esta iniciativa tanto el
control del sistema eléctrico nacional como la propiedad de las centrales y las redes de