La organización de la industria eléctrica concebida a principios del siglo XX plantea un
enorme reto para armonizar los objetivos de electrificación y abasto a precios
competitivos, con el establecimiento de mecanismos adecuados de sostenibilidad y
protección del medio ambiente. En materia de electricidad, esta reforma tiene como
propósito reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas a fin de
disminuir las tarifas eléctricas y prevenir la pérdida de patrimonio y descapitalización de
la CFE, así como diversificar la matriz de generación para hacerla más limpia y flexible.
Ello permitirá aprovechar con mayor eficiencia el portafolio de recursos con el que cuenta
el país, al tiempo que facilitará el cumplimiento de los objetivos de mitigación del cambio
climático y desarrollo sostenible que México se ha planteado, y propiciará la generación
de cadenas productivas y empleos de calidad.
III. 2. Marco jurídico
La historia de las reformas cardenistas ilustra la forma ejemplar en que el Estado
mexicano ha sabido anticipar y sentar las bases institucionales para responder a los
grandes retos del desarrollo de nuestra industria eléctrica. Aun cuando el nivel de
desarrollo del sector eléctrico mexicano era incipiente comparado con el actual –durante
la administración cardenista menos de la tercera parte de la población mexicana contaba
con servicio eléctrico- varios de los retos que enfrentaba la industria eléctrica del periodo
eran similares a los que tenemos actualmente: incrementar la cobertura, reducir el costo
del servicio, desarrollar una regulación industrial eficiente con bases técnicas y
económicas sólidas, y sujetar al interés general el desarrollo de un sector en el que
concurren participantes públicos y privados.
Ya desde el Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal la creación de la Comisión Federal
de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1934, se
delineaban dos objetivos básicos de la acción estatal en el sector eléctrico, a saber: el
suministro de la energía eléctrica a precios reducidos y que el sistema de distribución de
dicha energía se ramifique en nuestro territorio.
El Presidente Lázaro Cárdenas tuvo la visión de establecer las bases institucionales y
consolidar los principios fundamentales que servirían de guía para el desarrollo posterior
del sector. En la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, el Presidente Cárdenas –quien la expidió
en uso de facultades extraordinarias– buscó utilizar a ese instrumento del Estado para
dirigir y organizar “un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos”, y “con la finalidad de
obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses
generales.”
Con la publicación posterior en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de la Industria
Eléctrica el 11 de febrero de 1939, el gobierno cardenista produjo el que –hasta entonces–
sería el más complejo cuerpo normativo en la materia. Con esta Ley se refrendó el
compromiso del Estado mexicano con la creación de un sistema nacional basado en la
regulación estatal de las actividades de particulares, así como en la participación directa
del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, en el desarrollo de las
actividades de la industria eléctrica.
En su tiempo y circunstancia, la Ley de la Industria Eléctrica de 1939 fue una Ley
avanzada, orientada a estimular el desarrollo de la industria eléctrica, con participación
pública y de terceros, y a garantizar el mejor aprovechamiento del recurso natural y el