mayor beneficio social. En ese cuerpo normativo se preveían obligaciones de
interconexión y contabilidad separada, esquemas normativos dirigidos a tutelar los
intereses de los consumidores, y facultades regulatorias fuertes para las autoridades,
cuestiones técnicas y económicas básicas para el desarrollo competitivo de una industria
eléctrica con participación pública y privada.
No obstante, en la década de los cincuenta factores como la falta de inversión privada
para el desarrollo del sector, posturas que apelaban a una ineficacia burocrática de los
órganos de regulación y un inadecuado nivel de tarifas eléctricas, llevaron al Gobierno
Federal a considerar que se ponía en peligro el futuro de la industria eléctrica. Es hasta
1960 que se reformó el artículo 27 constitucional, con el objeto de establecer que
corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público y señalar
que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará
los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a esta reforma, ésta
fue resultado de la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender
las crecientes demandas en la agricultura, en la industria, en las comunicaciones y
transportes, así como en las diversas actividades económicas de la población urbana y
rural, además de considerar necesario aprovechar adecuadamente los recursos naturales
de que dispone la nación y todos los elementos básicos que requiere su integración
económica. Este marco jurídico correspondía también a la tendencia internacional del
momento en el que la integración vertical y horizontal de la industria permitía mayores
economías de escala.
III. 3. Propuesta
Como en el caso de los hidrocarburos, la propuesta de reforma al sector eléctrico es
congruente con las ideas fundamentales que guiaron la acción del Presidente Cárdenas:
1) Responde al imperativo fundamental de reducir los costos del servicio eléctrico en
beneficio de los intereses generales; 2) Sienta las bases para la organización de un
sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos; 3) Plantea el
desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de
Electricidad y de particulares, y 4) Fortalece las facultades del Estado para regular el
desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de interconexión, tarifas,
servicio universal y electrificación.
En el espíritu de las reformas cardenistas, los cambios que se plantean para el sector
eléctrico están basados en el conocimiento técnico de la organización de la industria
eléctrica, son cambios responsables que se orientan a fortalecer a la Comisión Federal
de Electricidad y, a la vez, son respetuosos de la propiedad y de la iniciativa privada, se
inspiran en una preocupación social que busca utilizar y complementar los esfuerzos
públicos y privados en beneficio del interés general. Adicionalmente, y al igual que en el
caso de las reformas en materia de hidrocarburos, esta propuesta integra los avances
tecnológicos que permiten hoy en día formas más eficientes de organización industrial,
imposibles de imaginar hace apenas unos años.
Es importante señalar que a diferencia de los hidrocarburos, la electricidad no es un
recurso natural, por lo que el interés del Estado no es la propiedad sobre la energía, sino
que dicha energía llegue a mejores precios a las familias mexicanas e impulse la
competitividad del país. Por lo tanto, la reforma que se somete a consideración de esa