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CARTA autoridades enseñanza para firmar 2017.pdf


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impartiendo en la Enseñanza Pública, el contenido de la Guías de educación sexual, se
confunde la “enseñanza” con la “ educación” y el Estado se arrogaría para sí “la
educación”, violando las normas de carácter nacional e internacional cuando éstas
últimas, para la mayoría de nuestra doctrina tendrían rango superior a las nacionales ya
citadas. Cabe manifestar que, en el caso que el Estado se atribuyera también la función
de “educar” (en el sentido estricto) debería hacerlo respetando el derecho que las leyes
otorgan a los padres, para lo cual se les debe informar acerca de los conceptos,
contenido y dinámica, que se impartirán sobre la “educación sexual”, a los efectos de
ser aceptados o no por los padres y/o responsables de los niños y adolescentes.
2) En segundo lugar, también se viola “la laicidad”, garantizada por nuestra Constitución
en el artículo 5 y enunciada en los principios básicos de la reforma educativa de José
Pedro Varela, que consiste en presentar:
“TODAS LAS IDEAS, TODAS LAS FILOSOFÍAS, DOCTRINAS, RELIGIONES Y/O CREENCIAS,
SIN EXCLUSIONES DOGMÁTICAS”; definición correcta de “laicidad” que recoge nuestra
ley de Educación vigente (ley 18.437/2009) que en su capítulo IV bajo el Título
“Principios de la Educación Pública Estatal”, en el artículo 17 expresa: “El principio de
laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la
educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento
que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la
pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y
creencias”
De lo expresado antes y si tomamos por válida la pretensión de la Guías de
confundir los conceptos de “educar” y “enseñar,” se estaría ante una clara y manifiesta
transgresión de la propia ley de Educación Pública, (vigente en nuestro país y por lo
tanto obligatoria) al pretender imponer una posición correspondiente a una IDEOLOGÍA
SUSTENTADA por “colectivos” que conforman
ONGs
(organizaciones
NO
gubernamentales) cuyos programas NO PERTENECEN A NINGÚN PLAN OFICIAL de la
EDUCACIÓN PÚBLICA. Y por otro lado, NO cumplen con garantizar la pluralidad de
opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias como lo
mandata la ley.
3) En tercer lugar como ciudadanos defensores del sistema de gobierno “democrático,
republicano y pluralista”, NO podemos admitir que una minoría imponga una concepción
individual en un sistema de Enseñanza Pública, en aras de lograr un objetivo que NO
tiene en cuenta “el interés general de la sociedad” (único fundamento legal para ser
privado del goce y ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de
enseñanza, de pensamiento, de conciencia y libertad de religión, consagrados en
nuestra Constitución).