sufrían discriminación. No hubo nuevas
condenas a muerte ni ejecuciones.

INFORMACIÓN GENERAL
En marzo Bahréin se convirtió en Estado
Parte en la Convención de la ONU sobre
Ciertas Armas Convencionales.
En mayo, la institución nacional de
derechos humanos de Bahréin recibió la
acreditación de la categoría “B” del Comité
Internacional de Coordinación de las
Instituciones Nacionales de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos por no
cumplir plenamente los Principios de París.
Una de las razones que esgrimió el Comité
fue que en la junta encargada de tomar
decisiones de la institución había
representantes del gobierno, lo que
menoscababa su independencia.
También en mayo, el gobierno firmó un
acuerdo comercial y económico con Suiza
que contenía dos memorandos no
vinculantes legalmente sobre el trato
dispensado a los reclusos y los derechos de
las mujeres en Bahréin. En septiembre, el
gobierno de Estados Unidos bloqueó la venta
de aviones de combate y equipo conexo a
Bahréin en espera de mejoras en la situación
de los derechos humanos.
Bahréin seguía formando parte de la
coalición dirigida por Arabia Saudí que
participaba en el conflicto armado de Yemen
(véase el apartado sobre Yemen).
El gobierno no permitió en todo el año el
acceso al país de representantes de
organizaciones internacionales de derechos
humanos, incluida Amnistía Internacional.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades continuaban restringiendo
severamente la libertad de expresión, y
detuvieron y enjuiciaron a defensores y
defensoras de los derechos humanos y a
activistas religiosos por valerse de reuniones
públicas o de las redes sociales para criticar
al gobierno y a las autoridades saudíes, así
como los ataques aéreos de la coalición
dirigida por Arabia Saudí en Yemen.
Continuaban en prisión líderes de oposición
que cumplían condenas impuestas en años

96

anteriores por su oposición pacífica al
gobierno y que eran presos y presas de
conciencia.
En febrero, un tribunal condenó a Ebrahim
Sharif, ex secretario general de la Sociedad
de Acción Democrática Nacional (Waad), a
un año de prisión tras declararlo culpable de
“incitación al odio y al desacato al régimen”.
Quedó en libertad en julio, tras haber
cumplido su condena; la pena de un año de
prisión se confirmó en noviembre. Ese mismo
mes las autoridades lo acusaron de “incitar al
odio al régimen” por unos comentarios que
había hecho en una entrevista para los
medios de comunicación sobre la visita a
Bahréin del príncipe Carlos de Inglaterra. Ese
mismo mes se retiraron los cargos.
En marzo, las autoridades detuvieron a la
activista Zainab al Khawaja para que
cumpliera varias condenas que sumaban en
total 37 meses, tras ser declarada culpable
de varios cargos, incluido el de romper
fotografías del rey. Su encarcelamiento
suscitó críticas generalizadas. Tras ser puesta
en libertad en mayo por “motivos
humanitarios”, salió de Bahréin.
En abril, un tribunal penal condenó a un
año de prisión al activista Saeed Mothaher
Habib al Samahiji por criticar a las
autoridades saudíes en Twitter.
En mayo, un tribunal de apelación elevó
de cuatro a nueve años la pena de prisión
impuesta en 2015 a Sheikh Ali Salman, líder
de la Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq,
el principal grupo de oposición. El tribunal
había anulado su absolución del cargo de
incitar al cambio del sistema político “por la
fuerza, amenazas y otros medios ilegales”.
En octubre, el Tribunal de Casación rechazó
esta decisión y devolvió la causa al tribunal
de apelación, que en diciembre confirmó la
condena de nueve años de prisión.
En junio fue detenido el defensor de los
derechos humanos Nabeel Rajab, acusado
de “difundir información y rumores falsos
con el fin de desacreditar el Estado” durante
entrevistas en televisión. En julio dio
comienzo su juicio por unos comentarios que
había hecho en Twitter en 2015 para
denunciar torturas en la prisión de Yaw y

Informe 2016/17 Amnistía Internacional