criticar los bombardeos aéreos dirigidos por
Arabia Saudí en Yemen. En diciembre, el
tribunal ordenó que fuera puesto en libertad
con fianza mientras se celebraba el juicio,
pero volvió a ser detenido de inmediato para
someterlo a investigación en relación con el
cargo principal por el que lo habían detenido
en junio. También se enfrentaba a
procesamiento en otras causas por unos
comentarios que había hecho en un artículo
del New York Times titulado “Carta desde
una cárcel bahreiní” y en una carta
publicada en el periódico Le Monde.
Las autoridades continuaban imponiendo
restricciones a los medios de comunicación.
En febrero, el ministro de Información
prohibió a los medios que empleasen a
periodistas que “insultaran” a Bahréin o a
otros Estados árabes o del Golfo.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Las autoridades restringieron aún más la
libertad de asociación y siguieron
manteniendo encarcelados a algunos líderes
de Al Wefaq y de otros partidos de la
oposición, y hostigando a otros con reiteradas
citaciones para ser interrogados.
Tras suspender a Al Wefaq, confiscaron
sus bienes en junio y obtuvieron una orden
judicial para su disolución en julio por
presuntas infracciones de la Ley de
Asociaciones Políticas.

LIBERTAD DE REUNIÓN
Las autoridades mantuvieron la prohibición
de todas las reuniones públicas en la capital,
Manama. Continuó habiendo protestas
frecuentes, algunas de las cuales
desembocaron en actos violentos, en los
pueblos chiíes, sobre todo después de la
disolución forzada de Al Wefaq. Las fuerzas
de seguridad usaron fuerza excesiva para
dispersar algunas protestas, disparando
perdigones y gas lacrimógeno, y detuvieron a
decenas de activistas religiosos y otros
manifestantes, menores de edad incluidos. Al
menos un agente de policía y una transeúnte
murieron en actos violentos relacionados con
protestas.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

En enero, las fuerzas de seguridad
dispersaron por la fuerza a las personas que
protestaban por la ejecución de Sheikh Nimr
al Nimr en Arabia Saudí. La policía empleó
gas lacrimógeno y perdigones y detuvo a
manifestantes.
En junio, las fuerzas de seguridad
bloquearon el acceso al pueblo de Duraz
totalmente, salvo para sus habitantes,
después de que un grupo de personas se
concentrara y empezara una sentada de
protesta frente al domicilio de Sheikh Issa
Qassem, líder espiritual chií a quien las
autoridades habían retirado la nacionalidad.
Durante la sentada, las autoridades
detuvieron o citaron para interrogarlos a
decenas de manifestantes, entre los que
había al menos 70 clérigos chiíes y varios
defensores y defensoras de los derechos
humanos, y acusaron a algunos de “reunión
ilegal”. Los tribunales condenaron a 11
clérigos chiíes a penas de uno o dos años de
prisión por este cargo.

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN
Las autoridades impusieron prohibiciones
administrativas que impidieron al menos a 30
defensores y defensoras de los derechos
humanos y a otras personas críticas viajar al
extranjero, en concreto asistir a reuniones del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en Ginebra (Suiza). Posteriormente se
presentaron cargos contra 12 de estas
personas, especialmente de “reunión ilegal”.

Privación de la nacionalidad y expulsiones
Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales
que privaron de la nacionalidad al menos a
80 personas declaradas culpables de delitos
de terrorismo, lo que convirtió a muchas de
ellas en apátridas. En junio, el Ministerio del
Interior retiró también la nacionalidad a
Sheikh Issa Qassem, líder espiritual de Al
Wefaq, que no había sido declarado culpable
de ningún delito. Las autoridades expulsaron
a cuatro de las personas a quienes habían
retirado la nacionalidad, cuatro hombres
entre los que figuraba el abogado defensor
de los derechos humanos Taimoor Karimi.
Un tribunal de apelación decidió en marzo

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