A principios del año, el gobierno
descongeló las cuentas bancarias de ocho
ONG que participaban en la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas,
grupo internacional que promovía la gestión
responsable de los recursos extractivos. La
decisión se tomó después de que la Iniciativa
degradara a Azerbaiyán a la categoría de país
candidato en 2015 debido a la represión
gubernamental de la sociedad civil.

LIBERTAD DE REUNIÓN
La policía continuó empleando fuerza
excesiva para reprimir y disolver
manifestaciones pacíficas.
Durante las manifestaciones celebradas en
todo el país en enero, en al menos dos casos
la policía usó fuerza excesiva para dispersar
a una multitud pacífica y detuvo a decenas
de manifestantes pacíficos. Además, en todo
el país, las autoridades citaron para
interrogarlos a varios activistas políticos y los
detuvieron, acusándolos de organizar las
protestas.
Las reformas constitucionales aprobadas
tras el referéndum de septiembre, que
otorgaban aún más atribuciones al gobierno
para restringir el derecho a la libertad de
reunión pacífica, limitaban los derechos de
propiedad y permitían imponer restricciones
a la libertad de reunión si quebrantaba la
“moral pública”.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley seguían cometiendo tortura y
otros malos tratos con impunidad.
Defensores y defensoras de los derechos
humanos denunciaron tortura y otros malos
tratos a miembros del movimiento Unidad
Musulmana que habían sido detenidos en el
curso de enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad del gobierno en el pueblo de
Nardaran en 2015. Se acusó a activistas de
este movimiento de intentar cambiar a la
fuerza el sistema constitucional y crear un
grupo armado organizado.
Los activistas juveniles Bayram
Mammadov y Giyas Ibrahimov denunciaron
haber sufrido tortura y otros malos tratos bajo

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custodia. Tras visitarlos en el lugar donde se
hallaban detenidos, el Grupo de Trabajo de la
ONU sobre la Detención Arbitraria confirmó
que presentaban lesiones que coincidían con
sus denuncias. Los jueces hicieron caso
omiso de sus conclusiones durante las vistas
celebradas para ordenar su prisión
preventiva y para examinar la causa. Otro
activista juvenil, Elgiz Gahraman, contó a su
abogado que había sufrido tortura tras ser
detenido el 12 de agosto. Permaneció 48
horas recluido en régimen de
incomunicación y fue obligado a “confesar”
cargos de posesión de drogas. Al final del
año continuaba privado de libertad en espera
de juicio.

CONFLICTO ARMADO
En abril se registraron enfrentamientos
armados durante cuatro días entre las
fuerzas gubernamentales y las fuerzas de la
autoproclamada República de Nagorno
Karabaj. Azerbaiyán informó de la muerte de
6 civiles y 31 militares; por su parte, el
Ministerio de Defensa armenio informó de la
muerte de 93 personas en su bando, 4 de
ellas civiles. Ambos bandos se acusaron
mutuamente de minimizar el número de
víctimas militares y exagerar el de víctimas
civiles en sus comunicaciones. Según los
informes recibidos, ambos bandos dirigieron
ataques contra escuelas y otros bienes
civiles.

BAHAMAS
Mancomunidad de las Bahamas
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por
Marguerite Pindling
Jefe del gobierno: Perry Gladstone Christie
Continuaron los malos tratos y otros abusos
generalizados contra personas migrantes en
situación irregular de países como Haití y
Cuba. El pueblo bahameño votó “no” a la
igualdad de género en materia de
ciudadanía en un referéndum constitucional
celebrado en junio. Persistía la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional