al menos 12 presos y presas de conciencia.
No se retiraron los cargos contra ninguna.
Tras visitar Azerbaiyán en mayo, el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre la Detención
Arbitraria determinó que continuaban las
detenciones arbitrarias de defensores y
defensoras de los derechos humanos,
periodistas y líderes políticos y religiosos.
Algunos presos y presas de conciencia
liberados, como la periodista Khadija
Ismayilova y el abogado de derechos
humanos Intigam Aliyev, tenían prohibido
viajar al extranjero; la mayoría no pudo
continuar en la práctica con su trabajo.
Al concluir el año seguían abiertas las
causas penales iniciadas en 2014 y 2015
contra un grupo de destacadas ONG y que
se usaron como pretexto para detener a
varias personas —consideradas presos de
conciencia— por fraude y evasión de
impuestos.
El 10 de mayo, los activistas juveniles
Giyas Ibrahimov y Bayram Mammadov
fueron detenidos por cargos falsos
relacionados con drogas tras hacer pintadas
políticas en una estatua del ex presidente
Heydar Aliyev. Fueron condenados a 10 años
de prisión el 25 de octubre y el 8 de
diciembre, respectivamente.
El 18 de noviembre, el Tribunal Supremo
desestimó el recurso de apelación
presentado por el preso de conciencia Ilgar
Mammadov y confirmó su condena a siete
años de prisión, a pesar de una resolución
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que establecía que había sido detenido sin
pruebas de ningún tipo, y de los reiterados
llamamientos del Comité de Ministros del
Consejo de Europa en favor de su liberación.
Al final del año, al menos 14 presos de
conciencia continuaban en prisión. Más de
100 personas, según calculaban activistas
locales de derechos humanos, permanecían
encarceladas por cargos de motivación
política.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Todos los medios de comunicación de gran
difusión continuaban sometidos al control del
gobierno, y los medios independientes

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

seguían sufriendo presiones de las
autoridades. Los periodistas independientes
eran objeto de intimidación, acoso y violencia
física por difundir información crítica con las
autoridades.
El 20 de abril, las autoridades abrieron
una investigación criminal sobre Meydan TV,
plataforma informativa independiente en
Internet de lengua azerí, acusándola de
actividad empresarial ilegal, evasión de
impuestos en gran escala y abuso de poder.
También fueron investigados 15 periodistas
de Meydan TV, algunos de los cuales
informaban desde el extranjero. A los que
trabajaban en Azerbaiyán les impusieron
restricciones para viajar que les impedían
abandonar el país. Las investigaciones
criminales contra ellos seguían abiertas al
final del año.
En noviembre, Afgan Sadykhov y Teymur
Kerimov, periodistas que informaban sobre
asuntos sociales, fueron detenidos y
acusados de agresión tras ser atacados por
personas sin identificar.
Zamin Gadji, periodista del periódico de
oposición Yeni Musavat, fue citado y
amenazado por la policía en la comisaría de
Bakú el 28 de noviembre por una
publicación en Facebook en la que había
criticado que el gobierno no investigara unos
casos de asesinato de gran resonancia.
El 29 de noviembre, el Parlamento aprobó
reformas del Código Penal que penalizaban
las injurias al honor y a la dignidad del
presidente a través de Internet. La nueva
legislación disponía multas y penas de hasta
tres años de prisión.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
La mayoría de las principales ONG de
derechos humanos azerbaiyanas no pudieron
reanudar su actividad tras la congelación de
sus activos y el hostigamiento constante de
sus miembros, incluso mediante
procesamientos penales. Varios dirigentes de
ONG que habían sido declarados culpables
de cargos falsos continuaron en prisión; otros
se vieron obligados a exiliarse por miedo a
sufrir persecución.

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