AFGANISTÁN
República Islámica de Afganistán
Jefe del Estado y del gobierno: Mohamed Ashraf Ghani
La intensificación del conflicto se tradujo
en violaciones y abusos generalizados
contra los derechos humanos. A causa de la
violencia, miles de civiles perdieron la vida,
sufrieron lesiones o tuvieron que
desplazarse, y la constante inseguridad
limitó su acceso a la educación, la salud y
otros servicios. Aunque la mayoría de las
víctimas civiles fueron responsabilidad de
grupos armados insurgentes, las fuerzas
progubernamentales también mataron e
hirieron a civiles. Tanto las fuerzas
contrarias al gobierno como las
progubernamentales siguieron utilizando a
niños y niñas como combatientes. El
número de personas internamente
desplazadas llegó a los 1,4 millones —más
del doble que en 2013—, y unos 2,6
millones de refugiados y refugiadas afganos
vivían fuera del país, muchas veces en
pésimas condiciones. Persistía la violencia
contra las mujeres y las niñas y, según las
noticias recibidas, aumentó el número de
mujeres a las que los grupos armados
castigaron en público, ejecutándolas o
flagelándolas. Tanto los agentes estatales
como los no estatales siguieron
amenazando a los defensores y defensoras
de los derechos humanos y obstaculizando
su trabajo, y hubo actos de violencia y
censura contra periodistas. El gobierno
siguió consumando ejecuciones, a menudo
tras juicios injustos.

INFORMACIÓN GENERAL
En enero, representantes de Afganistán,
Pakistán, China y Estados Unidos se
reunieron con el fin de diseñar una hoja de
ruta para alcanzar la paz con los talibanes.
Sin embargo, en una conferencia celebrada
también en enero en Doha (Qatar), a la que
asistieron 55 personalidades internacionales
de distintas procedencias, incluidos los
talibanes, una delegación de la comisión

66

política talibán con sede en Doha reiteró que
el proceso formal de paz no podría empezar
mientras no salieran del país las tropas
extranjeras, además de exigir otras
condiciones previas, como la retirada de los
nombres de los líderes talibanes de la lista de
sanciones de la ONU.
En febrero, el presidente Ghani nombró
fiscal general al destacado abogado de
derechos humanos Mohammad Farid
Hamidi, y designó ministro del Interior al
general Taj Mohammad Jahid. Asimismo,
abrió un fondo de ayuda a mujeres
sobrevivientes de la violencia de género, al
que los miembros del Consejo de Ministros
destinaron el 15% de sus salarios del mes de
febrero.
En marzo, el Consejo de Seguridad de la
ONU prorrogó por un año el mandato de la
Misión de Asistencia de la ONU en
Afganistán (UNAMA); el secretario general de
la ONU nombró a Tadamichi Yamamoto
representante especial para Afganistán y jefe
de la UNAMA.
Tras años de negociaciones de paz entre el
gobierno y Hezb e Islami —segundo grupo
insurgente del país—, el 29 de septiembre el
presidente Ghani firmó un acuerdo de paz
con el líder de ese grupo, Gulbuddin
Hekmatyar, por el que tanto él como sus
combatientes quedaban exentos de
responsabilidad penal por los presuntos
delitos de derecho internacional cometidos, y
determinados presos del grupo quedaban en
libertad.
La inestabilidad política se intensificó, con
desavenencias cada vez mayores en el seno
del gobierno de unidad nacional entre los
simpatizantes del presidente Ghani y los del
jefe del ejecutivo, Abdulá Abdulá. En
octubre, la UE celebró una conferencia
internacional de donantes de ayuda para
recabar compromisos de ayuda a Afganistán
a lo largo de los siguientes cuatro años. La
comunidad internacional se comprometió a
destinar unos 15.200 millones de dólares
estadounidenses a áreas como la seguridad y
el desarrollo sostenible en Afganistán. Poco
antes de la conferencia, la UE y Afganistán
habían firmado un acuerdo que permitía a la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional