Por distintas razones el Fondo de Tierras (Fontierras), creado tras los Acuerdos de Paz como
un mecanismo de reforma agraria a través del mercado, fracasó en su objetivo de ampliar el
acceso a la tierra a familias campesinas e indígenas en situación de pobreza (ver cuadro 3).
Cuadro 3. El Fondo de Tierras no logró sus objetivos
Para cumplir con uno de los acuerdos alcanzados el proceso de paz, en 1999 se
creó el Fondo de Tierras (Fontierras) como un mecanismo de acceso a través del
mercado (basado en la compra-venta y no en la expropiación) que proporcionase
crédito a largo plazo para la compra de tierras a nombre de asociaciones campesinas.10 Su puesta en marcha fue auspiciada por el Banco Mundial, y su ejecución ha
sido fuertemente cuestionada por organizaciones agrarias y sociales que denuncian
cómo muchos terratenientes aprovecharon para deshacerse de sus peores fincas
vendiéndolas a las organizaciones campesinas a precios muy por encima de su valor.
La baja calidad de muchas de las tierras, y sobre todo la deficiente provisión de
infraestructura y asistencia técnica, impidieron desarrollarlas productivamente y
crearon un grave problema de endeudamiento (FIAN 2007).
Con base en la información de Fontierras, entre 1998 y 2013 se adjudicaron tierras
a 20,187 familias por un total de 95,878 hectáreas (un promedio de 4.8 hectáreas
por familia) y un monto del crédito de 713 millones de quetzales (un promedio de
cerca de 1,000 dólares por hectárea). Unas cifras muy alejadas del objetivo fijado por
el Fondo para el año 2025 de 784,764 familias campesinas y 1,333,300 hectáreas.11
En 2010 habían desertado el 50% de los adjudicatarios y la tasa de mora era del
70% (Velásquez 2011). El Estado se vio obligado a condonar una gran parte de las
deudas adquiridas, reduciendo la deuda agraria desde un total de cuatro millones de
quetzales a 300,000 quetzales.12 El objetivo de desarrollo tampoco se ha cumplido. En
muchos de los casos, las familias utilizaron las tierras adjudicadas para construir sus
viviendas pero hoy se emplean como trabajadores agrícolas en plantaciones cercanas.
Otra forma en que Fontierras brinda acceso a la tierra es por medio del programa
especial de arrendamiento (que proporciona créditos y subsidios para el alquiler
de pequeñas parcelas donde sembrar cultivos de subsistencia) el cual ha adquirido
mucha mayor importancia que el de compra. Entre 2004 y 2013 atendió a 460,370
familias con un área de 301,734 hectáreas y un monto del crédito de 868 millones
de quetzales (Secretaría de Asuntos Agrarios 2014). En cuanto a la compra, en 2014
apenas se adquirieron seis fincas por un total de 1,406 hectáreas (respecto a casi
42,000 hectáreas en el programa especial de arrendamiento). La falta de fondos no
parece ser el problema, pues del presupuesto asignado para la compra de fincas en
2014 sólo se ejecutó un 66%.13

Guatemala carece de una Ley o Código Agrario que reconozca la propiedad colectiva indígena, a pesar de que la Constitución sí lo hace (sección tercera, artículos 66 a 70). Como
resultado, muchas comunidades han inscrito sus tierras colectivas a nombre del municipio
con los problemas que ello implica pues algunos municipios se han deshecho de esas tierras, las han adjudicado o las han declarado reservas naturales sin consultar a la comunidad.
En 2009 las organizaciones sociales y campesinas agrupadas en la Alianza para el Desarrollo
Rural Integral (ADRI) y la campaña Vamos al grano junto con muchas otras organizaciones y
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Tierra para nosotras

Ley del Fondo de Tierras, Decreto 24-99 de 1999.
Memoria de Labores 2014, Fondo de Tierras.
Entrevista a Axel López, Secretario de Asuntos Agrarios, 11 de agosto de 2015.
Memoria de Labores 2014, Fondo de Tierras.

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