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La acción comunal es la célula primaria de la democracia en los territorios y a
partir de ella se construye ciudadanía y se gestiona soluciones de las
necesidades sociales de la comunidad y promueve los espacios de
participación, la planificación, la planeación del desarrollo comunitario creando
una cultura política en pro de las necesidades de las comunidades. En estos
espacios se construye la paz territorial, por tal razón se debe fortalecer a los
organismos de acción comunal en todos sus niveles.
Igualmente, el reconocimiento del derecho a la participación política directa del
campesinado como sujetos de derecho porque han sustentado su vida colectiva
y social, en su cultura, economía campesina, usos y costumbres, desde los
cuales han sustentado productivamente al país generando el 80% de la
alimentación colombiana y materias primas para la industria y productos de
exportación.
En materia del ejercicio de las libertades sindicales y los derechos laborales, es
necesario un espacio del más alto nivel para la concertación de las medidas de
reparación colectiva al movimiento sindical. Una vez construida esta
interlocución, el gobierno deberá impulsar con las otras ramas del poder
público (legislativa y judicial) las reformas institucionales para la defensa de
estos derechos.
Para concertar una agenda con el movimiento social indígena, afro, palenquero
Raizal y Rom el gobierno debe propiciar espacios de dialogo de autoridad a
autoridad, para escuchar las reivindicaciones de las comunidades étnicas desde
su gobierno propio, identidad cultural, autonomía y visión del territorio. Para
nosotros el territorio es víctima y la espiritualidad también. Somos conscientes
de que estas afectaciones son irreparables, pero el propósito firme de la
reparación colectiva nos ayudará en nuestra lucha por la pervivencia física y
cultural de nuestros pueblos. Proponemos reconocer y potenciar la visión del
territorio como un escenario de vida para la humanidad desde las autonomías
constitucionalmente reconocidas y ancestralmente consolidadas.
No compartimos la política minera del gobierno nacional porque genera
conflictos locales, generando nuevas víctimas y atenta contra la madre
naturaleza, por tanto, solicitamos la revisión y modificación de la legislación
minera y exigimos la consulta previa como mecanismo de decisión comunitaria.

3. APOYO A LA PAZ Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
El fortalecimiento y la promoción de una democracia abierta, plural y participativa son
las bases para construir un pacto por la paz y la reconciliación de la sociedad
colombiana. La paz es convivir en la diversidad y esto no admite imaginarios negativos
sobre los disensos, ni admite tampoco la exclusión, ni el señalamiento de ningún actor
democrático.
La memoria y la verdad política desde las víctimas y las organizaciones sociales y
étnicas son fundamentales en las garantías de no repetición, para que cesen los
homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas, la censura, el desplazamiento
forzado, la estigmatización, las violencias contra las mujeres y la violencia armada.
Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que establezcan medidas