Señalamos la imperiosa necesidad de participar activamente en las reformas
institucionales que apunten a garantizar las condiciones para el desarrollo de nuestros
proyectos políticos, como actores fundamentales en la construcción de la paz. En el
dialogo político que hemos tenido, hemos identificado algunas medidas que
desbordan el alcance de la Ley 1448 y que requieren un esfuerzo conjunto del Estado
Colombiano:
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En materia del ejercicio periodístico, una política pública de libertad de
expresión y un debate sobre rol del periodismo en el conocimiento de la
realidad del país. Para ello el Estado debe trabajar en conjunto con el grupo de
periodistas víctimas para dar acceso a las comunidades y los pequeños medios
a los espacios de comunicación. Además, un papel regulador del Estado para la
democratización en el acceso de los medios de comunicación, la protección y
fortalecimiento de la actividad periodística garantizando condiciones laborales
dignas y lucha real contra la impunidad de crímenes a periodistas.
En materia de acceso y democratización de la tierra, una reforma agraria y
desarrollo rural integral y la participación de las organizaciones campesinas,
indígenas, afrocolombianos y mujeres rurales en la construcción de la política
agraria gubernamental. Una propuesta de desarrollo incluyente que recoja las
agendas del movimiento campesino, su identidad y sus derechos, es
fundamental para este objetivo.
Las organizaciones de mujeres sujetas de reparación colectiva, reiteran la
importancia de incluir el enfoque de mujer en todas las políticas públicas y en
las agendas de las organizaciones sociales. El gobierno puede trabajar de mano
de las organizaciones de mujeres para consolidar este propósito.
En materia de derechos humanos, la reivindicación del papel de los defensores
y defensoras de los derechos humanos. La recuperación de las agendas
autónomas de las organizaciones defensoras de derechos humanos permitirían
por fin consolidar un movimiento social por la defensa y el goce pleno de los
derechos humanos.
En relación con las organizaciones constructoras de paz y reconciliación es muy
importante reconocer el papel y dinamismo que estas han desarrollado en la
búsqueda de la solución pacifica negociada del conflicto armado, la
territorialidad de paz y la reconciliación nacional durante más de dos décadas.
En materia de desaparición forzada, la completa erradicación de esta práctica y
el juzgamiento de los responsables por las acciones vulneratorias del derecho a
la vida y a la libertad, son fundamentales para encontrar a nuestros
desaparecidos. El conocimiento de las organizaciones víctimas que trabajan en
este tema, es un capital que el Estado debe aprovechar para modificar en los
retos de la paz, la búsqueda de las personas desaparecidas.
En materia del derecho a la participación, representación y el ejercicio político,
es importante reconocer a las corporaciones públicas, concejales y diputados
en la dignificación de su labor y otorgar garantías de seguridad, promoviendo la
construcción de políticas públicas de paz en el posconflicto desde lo local.