HACIA UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN

El efectivo respeto a la libertad de expresión es una herramienta fundamental para
incorporar a quienes, por razones de pobreza, son marginados tanto de la información,
como de cualquier diálogo. Dentro de este marco de referencia, es deber del Estado
garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas para recibir, buscar e impartir
información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, eliminando todo tipo
de medidas que discriminen a un individuo o grupo de personas en su participación
igualitaria y plena de la vida política, económica y social de su país. Este derecho garantiza
una voz informada para todas las personas, condición indispensable para la subsistencia de
la democracia. Sabemos que la discriminación existe, como existe la criminalización del
diferente o de la protesta social. Los “grandes” medios concentrados controlan y manipulan
la información de acuerdo a sus intereses, con criterios de “mercado”.

Una de las tareas más importantes de la democracia es hacer de la comunicación un
bien público, porque mientras aceptemos como natural que hay una comunicación
privada comercial que tiene mejores condiciones para desarrollarse, para sostenerse y crecer,
y que éstas son distintas a las de quienes hacen comunicación desde el Estado o desde el
sector privado no lucrativo, estaremos incurriendo en un grave error.

21 PUNTOS BÁSICOS POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Qué decimos desde la Coalición

La comunicación es, por definición, un bien público, y en ese sentido todos los medios son
públicos. Lo público es aquello atinente a la dignidad de todos y todas los que conforman la
sociedad. Es decir, de todos los ciudadanos.
La comunicación es un derecho fundamental e irrenunciable, que no pasa exclusivamente
por la tenencia de los medios pero que tiene que contemplar este capítulo, y que se apoya
fundamentalmente en los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades
para ingresar en la agenda temática de la sociedad, en la producción de mensajes, en el intercambio de ideas, en el debate.
Es intolerable que, en plena democracia, continúen rigiendo normas que consagran la exclusión de importantes sectores a la radiodifusión por el hecho de no ser “sociedades comerciales”. Las reformas hechas al texto original sólo han servido para satisfacer la voracidad de los
grupos económicos concentrados que controlan mayoritariamente la comunicación en el país.
La democracia, su desarrollo y consolidación, necesita de la comunicación. Y esta democracia
que intenta renovarse requiere de una comunicación pluralista en todos los sentidos, que
reconozca la diversidad de formas, de perspectivas, de estéticas, de posiciones políticas e
ideológicas. Todo ello para que lo público no siga privatizado.
Para que el derecho a la comunicación no sea un derecho de unos pocos se necesita de manera
urgente una nueva ley de radiodifusión. Y ese tiene que ser un compromiso de todos los sectores ciudadanos con sentido democrático.

3