Género e Igualdad en el Trabajo Social.
Políticas Sociales e Igualdad.
Francisco José Vidal mazo
Fecha de Emisión: Enero 2015

igual que ha ocurrido hasta ahora, las mujeres lleguen a dominar los ámbitos en los que se
toman las decisiones que afectan a la colectividad. Se parte pues de la idea de que la
construcción social de los géneros responde aún a experiencias históricas diferentes que
pueden reflejar una distinta visión del mundo exterior, sus necesidades y estrategias, y que
ambas de manera equilibrada han de estar presentes cuando se definen los destinos de la
sociedad.
17.- Otro de los ámbitos en los que incide la ley de Igualdad es el de los medios de
comunicación: ¿cuáles son los aspectos en los que quiere incidir la ley en este sentido?
Otro de los ámbitos en los que incide la Ley de Igualdad es el de los medios de
comunicación, ya que a través de los mismos se propagan actitudes y comportamientos que
sin duda influyen en la conformación de los estereotipos femeninos y masculinos.
En lo que concierne a los contenidos de la sociedad de la información, el art.28 LI
expresa de nuevo el compromiso con el reiterado principio de igualdad de todos los
programas públicos en este ámbito de relación, así como la promoción de programas creados
por mujeres; declaraciones de principio y compromisos programáticos que tienen un claro
valor testimonial pero que exigen de un desarrollo normativo que le de contenido y asegure
su eficacia.
18.- ¿qué obligaciones se les impone a los medios?
Con respecto a las obligaciones la Ley distingue al efecto entre los de titularidad
pública y los de titularidad privada.
A los primeros se refiere el art. 36 LI, a los que implica en la transmisión de una
imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, al mismo tiempo que
deberán promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad tantas veces
referido. Una declaración de principios se reproduce en el art. 37 LI para la Corporación
RTVE, y en el 38 LI a la Agencia EFE, en iguales términos. Queda pues que se aborde su
desarrollo posterior con instrumentos jurídicos que aseguren su eficacia.

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