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Juan Domingo Perón
Modelo Argentino para el Proyecto Nacional
Cuando rige una sociedad competitiva, que se mueve económicamente
en función del beneficio y no valoriza el costo social de su forma de ser, la
necesidad de la intelectualidad se resiste básicamente a los procesos de producción y a las exigencias del mercado.
Los intelectuales de las ciencias sociales quedan allí reducidos a ser evaluadores de un cambio social de cuyo proyecto no participan y quedan como idealistas, trabajadores conceptuales a alto nivel, pero no activistas del cambio.
Cuando, por el contrario, se quiere construir una democracia social, en
la cual se produce según las necesidades del hombre, se lo valoriza a éste en
función social, como el fin de la tarea de la sociedad, se asume la necesidad
de trabajar con programación y participación auténtica, y se toma la responsabilidad de formalizar un Proyecto Nacional, de concebir la sociedad del futuro y de trabajar para ella en un proceso, la dimensión de la tarea intelectual
que este proceso requiere se hace entonces muy grande.
Para identificar en nuestro medio el papel de los intelectuales, baste recordar que el Proyecto Nacional a que aspiramos tiene un valor no sólo conceptual, sino también práctico, y resulta de una tarea interdisciplinaria. Para
ello debe tenerse en cuenta lo que los intelectuales conciban, lo que el país
quiera y lo que resulte posible realizar.
Su tarea de aporte a la reconstrucción de la argentinidad queda así claramente definida. La forma de enfrentarla está también precisada por el hecho
de que la labor debe ser realizada con participación auténtica de todos los
elementos que representan a nuestra comunidad.
Toca a la intelectualidad argentina organizarse para asumir su papel. El
intelectual argentino debe participar en el proceso, cualquiera sea el país en
que se encuentre. No han de bastar para ello las declamaciones ampulosas.
El sistema liberal ha formado intelectuales para frustrarlos. Les ha negado
participación y ha creado las condiciones para que no exista reconocimiento
social ni económico a su labor.
La distorsión en la escala de valores ha sido tan absurda, que el intelectual
argentino ha terminado siendo un extraño en su propia tierra.
La comunidad que deseamos consolidar tiene que desarrollar un reconocimiento social adecuado a la labor del intelectual auténtico y adoptar
previsiones que preserven siempre este estado de cosas. Se trata no sólo del
reconocimiento económico, sino particularmente de su valorización social y
política. Se trata también de institucionalizar su participación y de establecer
medios de evaluación del intelectual auténtico.
Queremos, por lo tanto, una sociedad en la que el hombre valga por sus
conocimientos y sus condiciones morales, y no por sus diplomas y sus vinculaciones sociales.
Esto exige un adecuado régimen universitario y la vigencia constitucional
de los derechos del intelectual.
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E) Los empresarios
Para calificar la función del empresariado en la Democracia Social argentina,
partimos de que la empresa se organiza sobre una base humanista. Los criterios
para ello nacen de la esencia de este Modelo Argentino, social y cristiano.
El primer objetivo de la empresa en una sociedad que quiere justicia social auténtica no es simplemente el beneficio propio, sino el servicio al país.
El beneficio de la empresa, en nuestra concepción, debe establecerse de
forma tal que se asegure una retribución justa al empresariado como factor de producción, lo cual incluye cierta retribución de riesgo, que se hace
mínimo en la medida en que se trabaje con planificación; así se asegura
también que los frutos del progreso se difundan a toda la comunidad a
través del sistema de precios.
Sólo cuando el empresariado procura prestar el mayor servicio al país admitiendo límites mínimos y máximos a su beneficio, puede coincidir lo que es
conveniente tanto para el empresario como para el país. Esta coincidencia es una
precondición para que exista una Democracia verdaderamente Social.
La admisión de que la empresa constituye un bien social y que la participación de los trabajadores en su funcionamiento y beneficio de una
realidad irreversible, constituyen elementos de juicio que deben ser adecuadamente reglamentados.
Otro aspecto reside en la participación de los empresarios en las decisiones. La fisonomía de esta participación admite formas que van desde el asesoramiento al gobierno, hasta compartir ciertas actividades con él. Será la
sociedad la que determinará, a través de sus mecanismos idóneos, cuál será
la competencia específica que le corresponda a cada uno.
La empresa debe ser concebida como un sistema cuya eficiencia debe ser
siempre incrementada. Ella es el ámbito esencial de aplicación de la tecnología en el proceso productivo, y reconocemos que, básicamente, la expansión
de esa producción se debe originar en el efecto de la eficiencia.
Se reconoce también como decisivo el aporte del empresariado a la estructura de precios, que en todo momento debe adecuarse al desarrollo deseado.
