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“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

016-/2012
Segunda Quincena de Agosto del 2012

Primera Cámara del Perú certificada en ISO 9001:2008
Procesos de Admisión de Asociados, Conciliación Extrajudicial,
Ejecución de Actividades de Capacitación Empresarial y Regularización de Protestos

MAYOR RIGOR EN EL ARBITRAJE AD HOC Y
GARANTIA EN EL ARBITRAJE INSTITUCIONAL
Para evitar la inejecución de laudos arbitrales o la emisión de laudos con reserva
respecto del fondo de la controversia, conviene que quienes sometan sus conflictos
a arbitraje otorguen a los árbitros – mediante convenios o cláusulas arbitrales–
facultades para ejecutar sus propias decisiones.
Es fundamental que quienes opten por utilizar ese mecanismo de solución de
conflictos acojan esta recomendación, de lo contrario será el juez quien ejecutará el
laudo o se pronunciará respecto el fondo del conflicto, ya que la intervención del
juez no sería lo más conveniente para las partes que prefieren a árbitros
especializados en determinados temas para resolver asuntos vinculados a los
mismos.
En el escenario de la actividad arbitral pueden existir tres tipos de laudos:
declarativos (definen una situación incierta), constitutivos (parten de una relación
jurídica materia de controversia que se pretende concluir, extinguir o resolver) y de
condena (contienen obligaciones de dar, hacer y no hacer declaradas y definidas por
los árbitros).
El artículo 67.1 del Decreto Legislativo N° 1071, establece que a solicitud de parte,
el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones, siempre que
medie acuerdo de las partes o esté previsto en el reglamento arbitral aplicable.
Asimismo, no siempre la ejecución de laudos implica el uso de la fuerza o coerción.
Por ejemplo, para la transferencia de propiedad por escritura pública, el árbitro con
facultades de ejecución puede recibir un mandato para que en nombre de los
contratantes perfeccione la escritura pública de compraventa y suscribirla,
ejecutándose el laudo.
Por ende, mientras que para la ejecución del laudo no se requiera la fuerza,
perfectamente los árbitros pueden actuar, pero cuando ésta sí se necesita se debe
acudir al Poder Judicial como, por ejemplo, para los casos de descerraje o
extracción de bienes.
El problema se suscita cuando las partes nunca han otorgado facultades de
ejecución a los árbitros, y aunque no están obligadas a darlas es ventajoso
otorgarlas, porque pueden emitirse laudos genéricos, también llamados con reserva
de condena o ilíquidos, que contienen una declaración respecto de una parte de la
discusión y la reserva vinculada al fondo del asunto.
Frente a esta situación la solución está en otorgar siempre esas atribuciones a los
árbitros más aún cuando la ley lo permite, con lo cual realmente el tema sometido a
arbitraje quedará en su escenario natural que es el arbitral.
En materia de ejecución de laudos dentro del Poder Judicial la tendencia es acudir a
la especialización. En nuestro país se han creado los juzgados comerciales para que
los laudos en temas comerciales se ejecuten allí.

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