La apertura como
política nacional
Desde 2012, América Latina y el Caribe se ha
caracterizado por ser una región activa en la apertura y
uso de datos abiertos. Como veremos más adelante, la
región posee la mayor cantidad de adopciones de la Carta
Internacional de Datos Abiertos, y ha sido un actor
relevante en la definición de sus principios. Este
compromiso con la apertura debería tener como correlato
una política nacional que siente las bases para garantizar
el acceso, uso y re-uso de estos datos por parte del
ecosistema y que contribuya a su sostenibilidad.
En la actualidad, 7 países han consolidado sus políticas nacionales
de datos abiertos que sientan las bases legales y técnicas para la
apertura:
Argentina: A través del “Plan de Apertura de Datos” (Decreto
117/2016), se instruye a los organismos del Poder Ejecutivo a
identificar bases de datos a abrir y publicarlas en el Portal
Nacional de Datos Públicos. Este proceso es liderado por el
Ministerio de Modernización a través de la Dirección Nacional de
Datos Públicos.
Brasil: La “Política de Datos Abiertos del Poder Ejecutivo federal”
(Decreto 8777 del 2016) define los principios y directrices para
abrir datos en la administración federal, establece su libre
utilización y la gobernanza, a cargo del Ministerio de
Planeamiento, Presupuesto y Gestión a través de la Infraestructura
Nacional de Datos Abiertos.
Colombia: El Decreto 2573/2015 del Ministerio de Tecnología de
la Información y Comunicación define la “Estrategia de gobierno
en línea” y establece la necesidad de abrir datos públicos para
fomentar la participación ciudadana, el control social y la
generación de valor.
Costa Rica: Desde la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018, Costa Rica se ha comprometido con el establecimiento
de un gobierno abierto, transparente y eficiente. En el año 2017 se
firma el Decreto Ejecutivo N° 40199 que pone en vigencia la

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