De acuerdo con Naciones Unidas3, estamos ante una
“revolución de los datos”, caracterizada por una
explosión en el volumen, en la velocidad a la que se
generan y diseminan, y en las diversas fuentes y
dispositivos en los que se encuentran disponibles.
Esto representa un desafío para los gobiernos, los
cuales deben convertirse en administradores de la
información y los datos, para lo cual deben propiciar
espacios de colaboración donde se habilite la
generación de valor a través del uso de datos
abiertos.
La Carta Internacional de Datos Abiertos define a los
datos abiertos como datos digitales que son puestos
a disposición del público con las características
técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser
usados, reutilizados y redistribuidos libremente por
cualquier persona, en cualquier momento y en
cualquier lugar4. Los datos abiertos nos deben
permitir a todos:
ACCEDERLOS, a través de formatos digitales
UTILIZARLOS, a través de la estructuración en
formatos o estándares que faciliten la
interoperabilidad
COMPARTIRLOS, a través de su certeza jurídica e
integridad

3 http://www.undatarevolution.org/wp-con

A lo largo del documento, muchas de las iniciativas de
datos abiertos que vamos a estar analizando se
refieren a datos gubernamentales5, que incluyen,
entre otros, datos en poder de los gobiernos en todas
sus instancias y del sector público ampliado. También
pueden incluir datos creados por organizaciones
externas y/o el sector privado y otros datos
relacionados con programas y servicios públicos, que
benefician de forma directa a los gobiernos.

tent/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
4 Esta definición a su vez es consistente con la

Open Definition (http://opendefinition.org/)
5 Existen también casos donde participantes

de diversos sectores, sobre todo del sector
privado, comparten datos con potencial de
generar valor público. Ver, por ejemplo, la
iniciativa Data Collaboratives
(http://datacollaboratives.org/)

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