Estas políticas son el
resultado de procesos
participativos donde
sociedad civil y gobierno
debaten el alcance y
contenido de estas.

“Política Nacional de Apertura de Datos de carácter Público”, la
cual sienta los principios a través de los cuales los datos deben
abrirse, los mecanismos de gestión de esta Política y las
cuestiones legales y técnicas a tener en cuenta para implementar
procesos de apertura.
México: La política de apertura fue pensada como un elemento
clave del Plan Nacional de Desarrollo e instrumentada a través del
Decreto del Poder Ejecutivo del 20 de febrero de 2015, el cual
regula la apertura de datos de las Entidades de la Administración
Pública Federal. El organismo facultado para implementar la
Política es la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional.
Perú: La Secretaría de Gobierno Digital formuló y aprobó la
“Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales
2017-2021” (Decreto Supremo 16/2017), con la finalidad de
promover la innovación en la generación de valor público a través
del uso de datos abiertos. Esta estrategia tiene 3 líneas de acción
prioritarias: (1) el diseño de un marco institucional y regulatorio; (2)
el desarrollo de infraestructura tecnológica para la apertura; y (3)
la promoción de iniciativas y fomento a la colaboración para abrir
y reutilizar datos.
Uruguay: A través de las Directrices Técnicas para la Apertura de
Datos (Decreto Presidencial 477/2017), Uruguay define las bases
técnicas para la publicación de datos abiertos y faculta a la
Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y
Sociedad de la Información y de Conocimiento (AGESIC) como la
entidad encargada de determinar las normas técnicas para que las
entidades públicas abran datos y publiquen los metadatos
asociados.
Estas políticas son el resultado de procesos participativos donde
sociedad civil y gobierno debaten el alcance y contenido de estas.
En este sentido, el Departamento de Gestión Pública Efectiva de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha apoyado a
varios de estos países a través de un mecanismo participativo para
debatir y recomendar acciones que permitan consolidar estas
políticas.

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