Lo anterior, sin contar con las implicaciones que tiene la utilización de la contratación
de prestación de servicios como una forma de evadir el ingreso al servicio público
mediante el concurso de méritos como regla general de raigambre constitucional –​Art.
125 superior​– propiciando en muchos casos practicas clientelistas que atentan contra
la democracia, la trasparencia y la eficiente de la administración pública. Aún más
cuando recientemente se ha establecido el principio de mérito como un requisito de
ingreso a los altos cargos de la administración pública12 por el acto legislativo 02 de
2015.
Ahora bien, teniendo en cuenta el marco iusfilosófico que hace necesaria y urgente la
implementación de medidas de mejoramiento de las condiciones laborales de las
personas que realizan actividades laborales por cuenta propia económicamente
dependiente y además la necesidad conforme al bloque de constitucionalidad y el
régimen constitucional laboral, de poner fin al trabajo encubierto que hoy se presta en
el Estado Colombiano, proponemos al congreso el siguiente proyecto de ley cuyo
contenido resumimos:
Una parte dogmática cuyo contenido tiene como objeto determinar el alcance y
contenido de los contratos de prestación de servicios, reconociendo su carácter de
actividad laboral especial –​en contraposición al derecho laboral ordinario o
administrativo​– y así mismo reconocer la doctrina jurisprudencial de los contratos
realidad y otorgándole herramientas para su aplicación.
​ANGÉLICA LOZANO CORREA, IVÁN MÁRQUEZ CASTELBLANCO​, «El nuevo principio constitucional de criterios de mérito en
la selección de altos servidores públicos del Estado en el Acto Legislativo 02 de 2015». en aa. vv. ​La
Constitución del 91 entre avances y retrocesos.​ Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2016.
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