Una parte de derechos y deberes generales, predicables de los extremos de la
relación contractual: contratistas y contratante, entre los que se destacan: protección
de la dignidad humana y del trato respetuosa en el ámbito de la ley de acoso laboral,
acceso a permisos para ausentarse de las actividades contractuales por luto en los
términos de la ley 1280 de 2008 y también por calamidad doméstica, ejercicio de
derechos sindicales, reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales entre
otros.
Una tercera parte que desarrolla el régimen de garantías laborales para los
contratistas de prestación de servicios entre los que se destacan: la multa por el no
pago puntual de honorarios, el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada y el
pago de la multa por desvinculación en contravía de dicha garantía, el descanso anual
remunerado y su prima, el acceso a cajas de compensación y la prima anual de
ahorro; así como la regulación de honorarios, renovación y nueva contratación de
prestación de servicios, estos últimos en el sector público.
La última parte, aporta los instrumentos necesarios para la creación de una política
nacional de trabajo decente en el sector público, que permita la modernización laboral
del sector público, a fin de que no se abuse de los contratistas de prestación de
servicios y por el contrario el Estado cuente con el personal necesario para cumplir
sus fines y deberes.

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