Pese a los avances hacia una mayor equidad de género en los ámbitos legal, político e institucional, aún pesan más las barreras estructurales y culturales profundamente arraigadas
que en la práctica las excluyen del acceso a la tierra y otros medios para producir. Porque
es fundamental reconocer que la tierra por sí sola no basta. Sin la necesaria inversión productiva, los servicios financieros, la asistencia técnica y el acceso a los mercados la tierra
deja de cumplir su función social y termina siendo abandonada o vendida.
De hecho, la brecha de género en el acceso a la tierra en lugar de cerrarse no ha dejado
de crecer. Aunque las estadísticas no son completas ni muy actualizadas, menos del 15% de
la tierra está en manos de mujeres según los datos disponibles en los países centroamericanos estudiados.Y de acuerdo con las encuestas en Guatemala y El Salvador, tres de cada
cuatro mujeres cultivan una tierra que no les pertenece.
La desvalorización del trabajo agrícola de las mujeres, relegadas al ámbito doméstico y no
remunerado, impide reconocerlas como ciudadanas plenas y activas en el ejercicio de sus
derechos económicos y sociales. Esto repercute en las políticas agrarias, que o bien las
ignoran en sus objetivos y líneas de acción o las incluyen como beneficiarias de programas
asistencialistas –y a menudo clientelares- que están lejos de contribuir a su empoderamiento económico.
El acceso y la propiedad de la tierra son esenciales para la seguridad de las mujeres, su
autonomía económica, su poder de decisión dentro y fuera del hogar y su inclusión social.
Pero también resultan fundamentales para combatir el hambre y la pobreza en las áreas
rurales y para preservar la tierra en manos de las familias campesinas e indígenas. Más mujeres con más tierra significa mayor desarrollo y mayor soberanía alimentaria.
Aún así, es necesario reconocer que la tierra por sí sola no basta. Todos los países que han
atravesado procesos de reforma agraria comparten un mismo aprendizaje: sin la necesaria
inversión productiva, servicios financieros, asistencia técnica y acceso a los mercados la
tierra deja de cumplir su función social y termina siendo abandonada o vendida.
Por ello una política agraria debe ser mucho más que una política de acceso a la tierra,
y sobre todo debe contemplar los derechos de todas las mujeres rurales, campesinas e
indígenas. La siguiente sección propone una serie de medidas necesarias de política pública
que contribuyan a revertir la situación de exclusión y subordinación de las mujeres y les
permitan ejercer su derecho a la tierra.

Tierra para nosotras

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